Transparencia

*Claridad en el gasto público evita corrupción

*Funcionarios sujetos al escrutinio permanente

Palacio Legislativo de San Lázaro.- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca hacer efectivo el derecho ciudadano a la información pública, sin excepciones ni privilegios, como la sociedad lo demandó durante muchos años y sobre todo como una medida para evitar hechos graves de corrupción.

Dicha ley representa un avance hacia un gobierno abierto al escrutinio ciudadano, como corresponde a una democracia moderna, pues con ella también se espera que no haya reservas en casos que impliquen violaciones a los derechos humanos o que involucren actos corruptos.

Ninguna persona física, moral, partido político, sindicato, fideicomiso o fondo que maneje recursos públicos, o cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos en cualquiera de los tres niveles de gobierno, quedarán excluidos de informar a quien lo solicite sobre esos recursos u otros datos de interés ciudadano de que disponga.

Es un hecho que las acciones y programas de gobierno deben estar sustentados en dos pilares fundamentales: la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas herramientas son dos componentes esenciales en todo gobierno que se jacte de ser democrático.

A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta por consiguiente la responsabilidad de las mismas.

Por su parte, la transparencia abre los datos y la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar a los servidores públicos.

Un gobierno democrático debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de la ciudadanía y debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones.

Al finalizar el presente año, los 32 gobiernos estatales ejercerán poco más de un billón 879 mil 320 millones de pesos, por lo que resulta relevante evaluar la disponibilidad y calidad de la información de su gasto público, ya que ello permite dimensionar sus prioridades y cómo se utiliza el dinero, quién lo gasta y con qué objetivos.

Desde hace una década, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), buscó información sobre las finanzas públicas estatales para realizar distintos análisis, sin embargo, o no existía información o la que había se encontraba dispersa, heterogénea e incompleta.

Por ello, en 2008 se inició el Índice de Información Presupuestal Estatal, un estudio que mide cada año la calidad de la información presupuestal de los estados, verifica la contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y su meta es eliminar la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos estatales.

Este índice evalúa a los 32 estados del país a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 64 (55 por ciento) están basados en la legislación y los 52 restantes (45 por ciento) surgen a partir de buenas prácticas.

Por segundo año consecutivo, Chiapas avanzó en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos, según información del Instituto Mexicano para la Competitividad.

En su más reciente Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 (IIPE), el organismo autónomo ubica a la entidad con el 98.3 por ciento del 100 por ciento de puntos evaluados.

Cabe citar que la posición de Chiapas en el 2016 fue de 96 por ciento, en tanto que en el 2012 la entidad cumplía sólo con el 39 por ciento del índice de evaluación, lo que representa un avance de casi 70 por ciento en cinco años, siendo uno de los estados que mayores acciones implementó para eliminar la opacidad en el manejo de su presupuesto.

De acuerdo con la información del IMCO, Chiapas es ejemplo nacional en el desglose de los fideicomisos públicos del estado y de los recursos destinados a cada uno, por lo que recomienda a otras entidades federativas replicar este modelo en sus finanzas públicas.

En nuestra opinión, los resultados de la transparencia y la rendición de cuentas se verán en el largo plazo, pues implica darle seguimiento a una cultura en la gestión pública y administrativa que fortalezca la confianza en las instituciones mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

La administración estatal está consciente que sus funcionarios y servidores públicos deben aceptar que están sujetos al escrutinio permanente por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar, pero también se debe reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que debe estar al alcance de la ciudadanía.

La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es la única forma en que un gobierno estatal, federal o municipal puede estar a salvo de las difamaciones y las calumnias que con el tiempo llegan a dañar la imagen de todo funcionario o servidor público, aunque se trate de rumores falsos.

jesus.belmontt@gmail.com