Prudencia

Parece increíble que un conflicto que comenzó hace cuatro décadas con la disputa de 58 hectáreas, haya dejado muertos y heridos en varios años, y ahora mantenga en una peligrosa situación a los municipios hermanos de Chenalhó y Chalchihuitán.

Claro, con el paso de los años, por el curso de los juicios agrarios,  el número de hectáreas en disputa se ha incrementado. Los pobladores de Chenalhó reclaman la devolución de 950 hectáreas y el gobierno estatal habla de 350 hectáreas.

Lo grave es que la situación continúa muy tensa, con el riesgo de que el problema pueda salirse de las manos y ocasionar hechos de sangre como ya ha ocurrido en años anteriores.

El saldo de esta etapa más reciente es de más de cinco mil personas desplazadas de sus comunidades por temor a ser agredidas, ya que desde hace varias semanas no han cesado los disparos de armas de fuego de grueso calibre, aparte de que los indígenas de Chenalhó mantienen bloqueados los accesos a Chalchihuitán desde hace casi tres semanas.

Por cierto, no es la primera vez que lo hacen. Existen antecedentes que las autoridades no deben de olvidar. En 1981, por ejemplo, habitantes de Chenalhó bloquearon varios días el camino a Chalchihuitán para presionar al gobierno con el fin de que sus vecinos retiraran un cerco de alambre de púas colocado en los linderos.

La protesta concluyó cuando los mismos comuneros de Chenalhó retiraron el cerco y en varios camiones llevaron el alambre a lo que entonces era la Dirección de Asuntos Indígenas, con sede en San Cristóbal.

La reacción de Chalchihuitán no se hizo esperar y poco después el cacique Salvador Girón Díaz, experto en construcción de juegos pirotécnicos y bombas molotov, presionó a sus paisanos para atacar a sus vecinos, pero en ese proceso de preparación el agente municipal y otros pobladores de la comunidad de Tzacucum, lo delataron, lo que fue interpretado por el cacique como una traición. En venganza, ese mismo año fueron masacrados niños, mujeres y hombres en ese paraje. La matanza de Tzacucum.

Después de los hechos, el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez mandó a encarcelar en Cerro Hueco a los integrantes del ayuntamiento de Chalchihuitán. Los sucesos causaron mucho temor, por lo que durante muchos años los habitantes de ambos municipios se olvidaron de la disputa de los límites, hasta en el 2000, cuando se reavivó con los juicios agrarios, y luego los asesinatos mutuos.

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel informó que según le comunicó el secretario de gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, el Tribunal Agrario emitirá el 15 de este mes una resolución sobre el tema.

El gobierno tendrá que analizar muy bien si en estos momentos conviene o no emitir una resolución porque es posible que en lugar de que contribuir a solucionar el conflicto, lo complique aún más.

Tal vez, antes de dar a conocer un fallo que probablemente perjudicará a uno de los dos pueblos, sea necesario iniciar un proceso de reconciliación entre autoridades y pobladores de los dos municipios para evitar hechos de violencia.

Con la agudización del conflicto se han generado odios, rencores y división, por lo que es necesario que se lleve a cabo todo un proceso de reconciliación que pase por un acuerdo político e inclusive por el perdón.

Otro asunto de suma importancia es que se realicen operativos eficaces de desarme porque es impresionante la cantidad de armas en manos de civiles de los dos municipios.

A plena luz del día se aparecen en la carretera de Chenahó, por ejemplo, hombres fuertemente armados y encapuchados, como si nada porque no hay presencia de policías ni del Ejército patrullando en esa zona.

Este conflicto, hay que recordarlo, lo generó la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) porque al ejecutar la resolución presidencial no respetó los límites naturales e históricos formados por el río. Es de sentido común que hasta los límites, las fronteras entre los países son marcadas por ríos (el río Bravo, el Suchiate, en el norte y el sur de México, respectivamente, por ejemplo).

Pero pareciera que ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que sustituyó a la SRA no está haciendo lo que debería para enmendar el error y evitar más hechos de sangre en la zona.

Ojalá los gobiernos federal y estatal dejen ya de “administrar” el conflicto y de una vez por todas lo resuelvan para que esos dos pueblos hermanos vivan en paz, sin el riesgo de muertos y heridos como ahora.

Es cierto, la solución pasa en gran medida por la entrega de dinero al municipio que eventualmente perderá una parte de sus tierras (se habla de 950 hectáreas), en este caso Chalchihuitán. La pregunta es: ¿Un arreglo de este tipo resolvería de fondo el conflicto? No hay que olvidar que finalmente en la zona se mueven intereses de diverso tipo, entre ellos los electorales cada tres años.

Se habla, por ejemplo, de que la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez pretende reelegirse o hacerse de la candidatura a la diputación federal y está aprovechando (¿o provocando?) el conflicto, y lo mismo hacen otros en Chalchihuitán.

Lo que más conviene en estos momentos es la prudencia de todas las partes para evitar que los ánimos se calienten más y luego sea demasiado tarde para evitar más hechos lamentables. Tampoco deben las autoridades esperar a que se derrame sangre para que actúen. 

Picotazos

Vaya desde este espacio un abrazo fraterno para el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, por el fallecimiento de su padre, Romeo Cancino Trujillo. Las condolencias son extensivas para los demás familiares. Descanse en paz. Fin.