Urge defender el patrimonio

Conflictos agrarios

A fuerza de verla todos los días, muy pocos se dan cuenta de la destrucción que a cada minuto sufre la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que el pasado 31 de marzo cumplió nada menos que 490 años de su fundación.

La ciudad, una de las más antiguas y bonitas de México, está por cumplir medio milenio y si las autoridades no intervienen y sus habitantes no toman conciencia plena de su valor histórico real y de lo que significa no sólo para el país sino para el mundo, llegará a la celebración sólo como un cascarón.

La mayor parte de la gente no se da o no se quiere dar cuenta de que se está matando a la gallina de los huevos de oro, porque San Cristóbal es una de las ciudades más visitadas del país y por tanto, gran parte de su población vive del turismo, directa o indirectamente.

El turismo, hay que remarcarlo, viene principalmente para ver la arquitectura colonial, los hermosos templos, las casas antiguas, el arco mudéjar único y otras bellezas materiales edificadas a partir de su fundación hace 490 años.

Pero pareciera que ni al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ni a los gobiernos federal, estatal y municipal les interesa mucho preservar este patrimonio que es de todos y cada día la ciudad sufre mutilaciones severas en sus entrañas, en aras de la construcción de locales comerciales.

Cada vez es más difícil encontrar casas antiguas originales que no hayan sido modificadas o subdivididas por el interés de sus propietarios de ganar dinero.

A estas alturas es necesario -urgente- formar un grupo ciudadano para defender lo poco que queda de la ciudad original, si no queremos que dentro de algunas décadas sólo nos queden los recuerdos a través de las fotografías.

Pero un grupo de ciudadanos realmente comprometido con la defensa del patrimonio, sin ningún interés político, porque cuando este elemento se mezcla se echa a perder todo, por muy buenas intenciones que se tengan.

Se trata de una emergencia: O actuamos ya o después será demasiado tarde y no valdrán las lamentaciones de no haber defendido este patrimonio arquitectónico, que como ya se ha dicho, no es de unos cuantos sino de todos, de la humanidad. Así de simple. 

Conflictos agrarios

Por un lado, es alentadora la noticia de que las autoridades de bienes comunales de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán integraron sendas comisiones que participarán en las labores de definición de límites territoriales que realizará próximamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues existen expectativas de que se resuelva el problema por la vía del diálogo.

De acuerdo con información oficial, la Sedatu encabezará la definición de los límites para tratar de poner fin al conflicto de hace más de 45 años, que ha ocasionado muertos y heridos de ambos bandos.

La disputa, valga recordar, se agravó en octubre pasado, luego de que habitantes de Chenalhó asesinaron a balazos a Samuel Luna, originario de la comunidad de Canalumtic, Chalchihuitán, lo que provocó el desplazamiento de más de cinco mil indígenas de este último municipio -de los cuales más de mil no han podido regresar a sus viviendas- y de más de mil del primero.

Estas son pues, buenas noticias, pero en sentido contrario están las que tienen que ver con otro conflicto agrario: El de Aldama con Chenalhó. Otra vez Chenalhó. ¿Por qué será? ¿Es la falta de capacidad o de voluntad las autoridades federales y estatales la que ha ocasionado un nuevo derramamiento de sangre indígena?

Sí, apenas el 2 de abril, un hombre adulto y sus dos hijos menores -uno de ellos de 11 años de edad- fueron asesinados a balazos, presuntamente por habitantes de la comunidad de Santa Marta, municipio de Chenalhó.

Como muchos otros, este conflicto entre Aldama y Chenalhó por la disputa de tierras no es nuevo, pero las autoridades estatales actuales y pasadas se han dedicado a “administrarlo” en lugar de resolverlo de fondo.

Desde hace por lo menos dos semanas se denunció en diversos medios de comunicación, la frágil situación en el área y se hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para que intervinieran, pero no lo hicieron, o cuando menos no como la situación lo exigía.

Ahora hay tres muertos de Aldama, más uno en Chenalhó, por lo que el saldo es de cuatro personas que perdieron la vida por la indolencia de las autoridades, pues no basta con firmar acuerdos si no se les da continuidad

Lo más grave en este caso es que las autoridades de Chenalhó, encabezadas por la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, hacen lo que se les da la gana utilizando grupos de civiles armados, sin que alguien en el gobierno de Chiapas sea capaz de ponerles un alto. Lo más seguro es que alguien desde las alturas las protege, pues de lo contrario no podrían operar con tanta libertad e impunidad.

Basta recordar que Pérez Pérez recuperó el palacio municipal en febrero de 2017 a punta de balazos, utilizando gente armada, que se supone es la que viene operando en ese municipio desde entonces.

Primero fueron las provocaciones a Chalchihuitán, de donde más de cinco mil personas se desplazaron a partir de noviembre pasado, a causa de la violencia ejercida por esos grupos armados, que también asesinaron a un poblador de ese municipio.

Ahora la han emprendido en contra de los habitantes de Aldama, donde también ya hay desplazados a causa del temor y las amenazas de estos grupos.

Urge que el gobierno del estado ponga orden y llame a cuentas a la alcaldesa de Chenalhó, antes de que termine de incendiar esa zona con más muertos y heridos, porque una vez que se ha derramado sangre, se corre el riesgo de que surja la venganza, lo que a nadie conviene. Fin.