Según un informe publicado por diferentes medios de prensa, por lo menos 93 políticos del nivel municipal han sido asesinados en México en los ocho meses recientes, en el contexto del proceso electoral que concluirá con las elecciones del 1 de julio próximo.

Es un número muy elevado para un país que oficialmente no reconoce que está en guerra, pero que se desangra día a día con muertes violentas en diversas regiones.

Los 93 políticos asesinados hasta la fecha -previo a las elecciones- a que hace referencia el informe, son sólo políticos que habían sido designados candidatos de algún partido para competir en las elecciones, aspirantes a una candidatura o servidores públicos en funciones, no ciudadanos de a pie, válgase la expresión.

Los estados más afectados por la ola de violencia en contra de políticos son Guerrero, Michoacán y el estado de México, entre otros, y el denominador común es que han sido asesinatos perpetrados por el crimen organizado utilizando armas de alto poder.          

Con ese alto nivel de violencia política, no se sabe en qué condiciones se realizarán las elecciones del 1 de julio, si es que se llevan a cabo, sobre todo en Guerrero, o cuando menos en algunas regiones, donde la situación es cada vez más preocupante.

En medio de la descomposición casi generalizada en el país, ya no se sabe si esa violencia es provocada con fines políticos para impedir que se realicen las votaciones, simplemente para favorecer a candidatos de un partido X o de plano para provocar que se suspendan.

Tampoco se sabe si los crímenes son perpetrados exclusivamente por grupos de delincuentes o si existe la mano negra cómplice de agentes del gobierno en alguno de sus tres niveles, cuando menos en algunos de estos casos.

Lo cierto es que desde 1994 no había habido tantos crímenes de políticos en el marco de un proceso electoral como en el actual, lo que de algún modo puede influir en los comicios.

En 1994, por ejemplo, fue asesinado nada menos que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo que cimbró la conciencia nacional.

En esa ocasión en que parecía en la lona por lo que había pasado con el alzamiento indígena zapatista de enero de 1994, el PRI logró alzarse con la victoria con Ernesto Zedillo como candidato emergente, con un alto número de votos cuando parecía que estaba muy débil. Su repunte se atribuyó entones al miedo de la gente a la violencia que ese año había ocasionado varios muertos, empezando, desde luego, con el asesinato de Colosio, que ha sido calificado como crimen de Estado.

Pareciera que a diferencia de esa época en que era el país entero el que estaba con la incertidumbre porque se trató del candidato presidencial, ahora son estados o regiones muy específicos como Guerrero, donde la violencia no ha parado desde hace varios años.

Ojalá que las autoridades de los tres niveles hagan algo en los estados en los que el asesinato de candidatos o servidores públicos está creciendo y provocando temor entre la población, para evitar que las elecciones se manchen más de sangre en momentos en que se necesita que haya paz para que los ciudadanos salgan a votar por el candidato de su preferencia.

El riesgo es que de candidatos de nivel municipal, es decir que buscan convertirse en alcaldes, los crímenes alcancen a aspirantes a cargos de elección popular de rangos más altos.

Por si fuera poco, la violencia ha alcanzado a la religión católica, pues varios sacerdotes han sido asesinados en los meses recientes, con lo que México se convierte en el principal país con víctimas de este tipo.

Parece que nadie escapa a esta incontenible violencia que azota al país. Los curas han sido asesinados en las mismas zonas en las que han caído los políticos.

Cuando entre las víctimas se encuentran como en este caso, sacerdotes, además de, que son personas visibles por su tipo de trabajo, significa que la situación es de suma gravedad.

Aunque no es nada fácil combatir el fenómeno, muchas personas tienen la esperanza de que después de las elecciones presidenciales, quien resulte electo tenga la capacidad y la voluntad política de diseñar una estrategia que cuando menos reduzca los índices de violencia y de muertes actuales.

No será, ya se sabe, por arte de magia como se termine esta violencia que creció en forma impresionante en el sexenio del panista Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narcotráfico, con tal de legitimarse porque ganó las elecciones de una  manera que, cuando menos, dejó muchas dudas.

Esa estrategia de guerra que no sólo no dio resultados, sino que incrementó el baño de sangre en el país, tiene que ser modificada y dar paso a una nueva forma de combatir a los grupos del crimen organizado.

Picotazos

La doctora Leticia Montoya Liévano, ha sido designada merecidamente como encargada de la Secretaría de Salud de Chiapas, lo que resulta una buena noticia porque si alguien conoce desde abajo el sistema es precisamente ella.

Desde hace años en que comenzó a laborar, ha ocupado diferentes cargos en esa dependencia, incluyendo la jefatura de las Jurisdicciones Sanitarias ubicadas en San Cristóbal de Las Casas y Villaflores.

Originaria de la ciudad coleta, Montoya Liévano se ha destacado como una mujer y profesionista capaz y trabajadora. Quienes la conocemos sabemos de su entrega, dispuesta a toda hora del día y la noche, a atender diligentemente los asuntos de su trabajo.

Por ello, muchas personas tienen confianza en que, pesar de la difícil situación en que se encuentra la Secretaría de Salud, la doctora Lety sabrá sacarla adelante.

Uno de los problemas que tendrá que enfrentar es la falta de recursos económicos en la dependencia, que ha sido saqueada por varios de los anteriores secretarios. Fin.