Investigar a fondo

El rescate de 22 migrantes de Centro América y Ecuador que permanecían secuestrados en una casa ubicada en la comunidad de Zaclamantón, municipio de Chamula -a tan sólo siete kilómetros de San Cristóbal de Las Casas-, ha puesto al descubierto lo que muchas personas saben desde hace muchos años: Que en esta zona operan impunemente bandas dedicadas al tráfico de indocumentados centroamericanos.

Lo ocurrido con ese grupo de indocumentados no se explica si no por la corrupción y red de complicidades de autoridades de todos los niveles, comenzando con las policías que se hacen de la vista gorda para que pasen, obteniendo, claro está, buenas ganancias.

Desde hace mucho se sabe que en comunidades aledañas a San Cristóbal son recibidos los centroamericanos, para luego ser llevados por rutas diversas hacia el centro y norte del país.

Lo que favoreció en el caso que se comenta es que uno de los migrantes, un joven hondureño, logró escapar de sus captores y dio aviso a las autoridades que pronto comenzaron un operativo que por fortuna resultó exitoso y todos los centroamericanos, incluidos varios niños, fueron rescatados con vida, que era lo más importante.

El caso fue descubierto también porque los responsables de conducirlos los secuestraron y pretendieron obligarlos a pagar cada uno 200 mil pesos, según denunció el joven hondureño que escapó y dio aviso a las autoridades, lo que resulto fundamental para el rescate. A la mejor los ahora detenidos como responsables de los hechos no son tan expertos todavía en este tipo de delitos y les falló el plan.

Muchos otros grupos de migrantes pasan sin mayores problemas, pues los traficantes de humanos reparten dinero a quien tengan que repartirlo con tal de que les abran el paso y puedan seguir sin problemas hasta la frontera norte.

Algo que no puede pasar inadvertido es que los 23 migrantes fueron llevados a una comunidad de Chamula, uno de los municipios más cerrado. Es imposible que alguien pueda llevar a una vivienda a tantas personas sin que las autoridades de alguna localidad no se den cuenta.

A esos lugares nadie entra sin ser visto, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado tendrán -si es que no lo están haciendo- que investigar a pobladores y autoridades del paraje en el que fueron rescatados los centroamericanos.

Las investigaciones deberán de incluir también a las autoridades municipales, al director de la policía municipal y de otros niveles, así como a funcionarios que tienen responsabilidades de seguridad pública.

La pista tiene que seguirse también a través de las declaraciones de los tres detenidos por el caso, lo que fue un éxito también porque bien pudieron escapar. Quién sabe si hubo algo más de fondo que el mero hecho de que se haya escapado el hondureño y haya avisado a las autoridades porque tampoco es fácil huir en un lugar con una comunidad chamula.

Es lógico que no son sólo ellos los que operaron todo en el caso de los 23 migrantes, sino que detrás deben de estar otras personas con mayor responsabilidad incluso, por lo que es necesario que las autoridades competentes realicen una investigación a fondo y detengan a quien tengan que detener para poner un escarmiento y que no vuelvan a suceder otros casos como éste, en el que afortunadamente no se perdieron vidas humanas.

Como es natural, las declaraciones de las víctimas son fundamentales para las investigaciones de las autoridades, por lo que, hasta donde se sabe, todavía continúan en territorio mexicano protegidas por el gobierno y apoyadas en alguna medida por los consulados de sus países.

Todavía no se ha informado si el gobierno mexicano dará algún tipo de visa o facilidades a los 23 migrantes que sufrieron el secuestro o si simplemente los deportarán a sus países de origen.

Hace mucho tiempo que no sucedía en esta zona de los Altos de Chiapas un caso grave que involucrara a migrantes, o cuando menos que se haya hecho público.

Tal vez porque esta región no es por la que más cruzan los indocumentados en tránsito hacia Estados Unidos, sino que históricamente ha estado por la costa del estado, después por Palenque y más recientemente por el mar.

Incluso, de acuerdo con reportes diplomáticos, en la zona de Palenque y Tenosique ha disminuido el tránsito de migrantes últimamente hasta en un 60 por ciento, algo muy significativo, mismo porcentaje en el que ha bajado el ingreso a Estados Unidos por algunas fronteras antes concurridas.

Dado que el gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre próximo se propone, cuando menos en el discurso, combatir la corrupción y en general cambiar la situación actual en muchos temas, uno de ellos el de migrantes, uno quisiera suponer que hechos como el secuestro de los 23 migrantes del que se está hablando aquí, no volverán a ocurrir. ¿O es acaso el descubrimiento y rescate ya un anuncio de lo que vendrá? Ojalá así fuera.

Lo que es un hecho es que serán los mismos agentes de Migración y los mismos policías estatales y federales los que continuarán haciendo el trabajo que ahora hacen en el ámbito de su competencia y que lo que cambiará serán sus jefes, lo que no siempre es suficiente para desterrar conductas de corrupción como las que se practican desde hace muchos años.

Por cierto, algunas personas han propuesto como nuevo director del Instituto Nacional de Migración (INM), al coleto Manuel Arellano Morales, cercano al sacerdote Alejandro Solalinde, quien desde hace años ha realizado un destacado trabajo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Habrá que esperar sobre quién recae ese puesto tan delicado.