¿Conflicto en puerta?

Todo parece indicar que se avecina un problema serio, cuando menos en San Cristóbal de Las Casas, pues se ha anunciado que muchos transportistas podrían comenzar a prestar el servicio de taxi o combis con o sin concesión -tolerados, dicen algunos- para presionar a las autoridades del ramo.

Lo anterior ha puesto en alerta a quienes cuentan con los permisos correspondientes para otorgar el servicio, ya que consideran que poner a circular más unidades provocaría que disminuyan sus ingresos, debido a que existe mucha oferta y la demanda es cada vez menor.

El tema comenzó a tomar forma el pasado martes, cuando transportistas concesionados retuvieron y prendieron fuego en el poniente de la ciudad a dos unidades nuevas que estaban prestando el servicio de taxi, de forma irregular.

El hecho llamó la atención de las autoridades, y de la opinión pública, desde luego, porque a partir de ello surgieron declaraciones de líderes de que a partir del 15 de este mes supuestamente serán liberadas alrededor de 200 concesiones o permisos como tolerados para choferes asalariados, lo cual estaría bien si fuera así.

Es probable que a los dirigentes hayan hecho circular las dos unidades con la finalidad de que, justamente, fueran quemadas con el propósito de llamar la atención y poner el tema en el debate público para presionar a las autoridades como ya está sucediendo y a los propios transportistas.

Pero no sólo las autoridades están preocupadas sino los transportistas concesionados que ven en la posible liberación de concesiones y la puesta en circulación de unidades piratas, un riesgo para sus ingresos económicos, sobre todo de los llamados caciques que cuentan con varias unidades.

Como declaró un dirigente, “sería como matar la gallina de los huevos de oro” por la gran cantidad de taxis y combis que ya existen en la ciudad coleta, al grado de plantear la posibilidad de cobrar 15 pesos por dejada, con tal de hacer quebrar a los eventuales nuevos ruleteros en caso de que saquen sus unidades para prestar el servicio.

Si fuera así, ganaría la población, claro, porque pagaría menos, pero es posible que una medida de este tipo no aguantaría ni una semana. Antes de tomar este acuerdo, los transportistas seguramente harían primero un paro de labores y bloqueos en la ciudad, como lo han hecho en muchas ocasiones, lo que les ha dado resultado.

El problema es serio porque a partir de esas posturas e intereses encontrados, podrían generarse enfrentamientos entre transportistas y ocurrir más quema de unidades, lo que a nadie conviene porque otra se mostraría a San Cristóbal como una ciudad insegura y llena de conflictos a la cual nadie querría llegar para descansar, independientemente de la zozobra que provocaría entre quienes aquí radican.

El asunto de fondo es que existe mucha demanda -y necesidad- de nuevas concesiones, pues muchos choferes que llevan años como asalariados requieren tener sus propios permisos para ganar un poco más. No pocos de ellos llevan años y años tratando de obtener una concesión, pero los líderes y las autoridades del ramo se oponen a otorgarlas, aunque bien que hay transportistas que cuentan con varias unidades en distintas modalidades. Muchos rentan las placas.

La oposición a entregar nuevas concesiones ha ocasionado que crezca el pirataje, propiciado inclusive por los mismos transportistas que acaparan casi todo.

Ya es justo que las autoridades liberen más permisos, pero a los choferes que llevan años trabajando como asalariados, no a los mismos de siempre; no a los caciques. Pero para ello es necesario, que hagan un estudio a fondo y que los beneficiados sean los que realmente lo necesitan.

Además, debería de ser un requisito indispensable que no paguen cantidad alguna de dinero a líderes ni funcionarios por obtener el permiso, sino sólo lo oficial, lo que marca la ley. Porque luego resulta que los que se quedan con el dinero son los dirigentes y las autoridades que han vuelto negocio todo.

Ojalá que las autoridades entrantes que pregonan que ahora cambiarán las cosas y que no habrá corrupción, intervengan ya de una vez en este asunto para que se haga justicia y que no haya dinero ni favoritismo de por medio.

El asunto es que si de aquí al 15 las autoridades no operan fino podría estallar un conflicto con consecuencias lamentables, pues, por un lado, los trabajadores del volante que están demandando una concesión están dispuestos a sacar sus unidades a como dé lugar, mientras que los concesionados están organizados para impedirlo. Será como medir fuerzas entre unos y otros.

Picotazos

Morena y Andrés Manuel López Obrador son los que están pagando un costo político muy alto por la aprobación de la solicitud de licencia en el Senado. Muchos se preguntan si era necesario el regreso a ese precio para concluir los tres meses que restan a la actual administración o si era preferible dejar a alguien más de confianza para impulsar los planes de la próxima administración federal, como iniciar las negociaciones para la construcción del proyecto del tren maya. El desgaste político por este tema seguirá al alza. Si no, al tiempo… Hablando de Morena, se rumora que una vez que tomen posesión el 1 de octubre próximo, algunos alcaldes y otros integrantes de los ayuntamientos entrantes de otros partidos, podrían declararse afines al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para estar alienados con el nuevo poder federal y estatal y con ello tratar de obtener alguna ventaja en la entrega de recursos públicos. Con ello podría incrementarse el número de presidentes municipales pertenecientes al ahora partido hegemónico. Fin.