Castigo, no a la impunidad

El asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido el pasado viernes 21 en Yajalón, ha puesto al descubierto la gravedad del incremento de la violencia en la fase de transición del relevo sexenal en Chiapas.

Pareciera que conforme se acerca la fecha del cambio de poderes municipales, legislativo y de gobernador, el 30 de este mes y el 8 de diciembre, los hechos de sangre aumentan no sólo en número sino en gravedad.

No se puede decir que no ha habido hechos de sangre delicados en los meses y años recientes, pero hasta hace poco Chiapas se mantenía en relativa calma comparado con otros estados del país en los que la violencia es cotidiana.

En esta entidad, por ejemplo, no había sido asesinado ningún periodista desde hace varios sexenios, y menos de la forma en que Mario Gómez fue acribillado a plena luz del día.

Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿Por qué este reportero? ¿Se pretende enviar un mensaje desde la zona norte selva que está bajo el asedio de grupos delictivos? ¿Es una cortina de humo? Ya se sabe que en ciudades pequeñas los periodistas están más indefensos, pues todo mundo los conoce y sabe cómo se mueven, por lo que son blancos fáciles.

No es lo mismo ser reportero en Yajalón que en Tuxtla Gutiérrez o la Ciudad de México, por ejemplo, aunque cuando los grupos delictivos están decididos a matar a alguien lo hacen donde sea, así les cueste más trabajo.

El caso de Mario es particularmente grave porque según las primeras investigaciones, su homicidio podría estar relacionado con asunto de drogas.

Para nadie es un secreto que Yajalón y Chilón, particularmente, son municipios de esa zona que sufren una grave descomposición a causa de la presencia de grupos de narcotraficantes, surgidos a partir de algunas administraciones municipales que cuando menos fueron omisas en su intervención para frenar el fenómeno.

La mayoría de habitantes de esos lugares vive en la zozobra constante porque frecuentemente ocurren hechos de violencia, sin que hasta la fecha alguna autoridad haya puesto orden. Es más, algunas personas han preferido salir hacia otros municipios.

Lo delicado es que conforme se acerca el 8 de diciembre, personas o grupos buscan hacerse notar de una u otra forma para tratar de negociar o acomodarse en algún puesto, pues como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Por un lado, está el (casi) natural vacío de poder que se genera durante la transición, pues el gobierno saliente ya no tiene mucho poder y el entrante tampoco puede operar porque no ha entrado en funciones, y por otro, el interés de diferentes grupos y personas que presionan de cualquier forma para acomodarse.

Pero además están los grupos de delincuentes que también buscan reacomodarse en la geografía de las negociaciones con las autoridades en turno para seguir operando de manera abierta o encubierta según el acuerdo que logren.

Es lógico que después del asesinato de Mario Gómez el gremio periodístico en Chiapas esté preocupado porque hasta ahora no se habían atrevido a tocar a un comunicador, como sí ha ocurrido en otros estados como Veracruz, por ejemplo.

Más allá de que el o los asesinos de Gómez Sánchez lo hayan matado porque no les gustó la publicación de alguna o varias notas, en el fondo se pretende también amedrentar a los comunicadores en su conjunto y crear un clima de inseguridad y zozobra.

Por ello es importante que este crimen, como todos los demás, no quede impune porque si no hay castigo para los responsables, no habrá quién pare a estos y otros eventuales agresores. Por otro lado, no deben de quedar dudas de que las personas que sean detenidas, sean las responsables porque muchas veces cuando existe presión social como en este caso, las autoridades se van por la fácil.

Cuando personas o grupos comienzan a matar periodistas -o sacerdotes también, de los que hasta ahora por fortuna Chiapas no registra ningún caso- es que la descomposición ha tocado fondo, y eso debe de preocupar a todos, a la sociedad y al gobierno.

Dado que es un servicio que se presta a la sociedad, no sólo los periodistas deberían de protestar y exigir que haya respeto al derecho de libertad de expresión y garantías de seguridad para ejercer el oficio, sino otros sectores y personas en lo individual.

Desde luego que el principal obligado constitucionalmente a garantizar el ejercicio de libertad de prensa es el gobierno en sus tres niveles, pero resulta que muchas veces son algunos funcionarios los que agreden a los comunicadores o simplemente son omisos.

Sólo ahora que ha sucedido el homicidio de Mario, las autoridades se rasgan las vestiduras, pero en su momento tal vez faltó un poco de más atención e interés para evitar su homicidio que todos lamentamos.

Por lo pronto, en San Cristóbal existe una denuncia de amenazas en contra de un reportero por una nota previa al enfrentamiento ocurrido el jueves 20 entre dos grupos del ejido Cuxtitali el Pinar, con resultado de un muerto, cuatro lesionados y 13 detenidos.

Ojalá que las autoridades tomen en serio la denuncia y procuren proteger al comunicador amenazado para evitar que sea agredido y para que después no nos lamentemos.  

Ya se sabe que los reporteros tienen muchas veces que andar a la defensiva y cuidarse con sus propios medios para evitar agresiones sólo por ejercer su derecho a informar a la sociedad de manera veraz y oportuna. Claro, también hay que decir que a algunos colegas les falta ética y de repente publican cosas no siempre con profesionalismo, aunque eso no debería de ser motivo para privar de la vida a ninguna persona.

Después del crimen en contra de Gómez Sánchez es casi inevitable la sensación de zozobra e incertidumbre que prevalece en la entidad en momentos en que se prepara el cambio ayuntamientos, diputados y de gobernador, y justo cuando se espera que haya un cambio derivado de los resultados de las elecciones del pasado primero de julio. Fin.