Tren maya

Adiós a la LSI

Las gestiones para la construcción del tren maya, una de las mega obras del próximo sexenio que en teoría beneficiará a miles de personas de varios estados del sureste del país, avanzan rápidamente, pero no se sabe bien a bien si los pueblos originarios asentados en la región serán consultados conforme a los instrumentos internacionales y, sobre todo, si se respetará su opinión.

El gobierno entrante ha anunciado que prepara una consulta a la población en general, para conocer la opinión de los mexicanos acerca de esta obra como se hizo con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

También se ha informado que se consultará a los pueblos indígenas de la cultura maya cuyos territorios serán impactados por la obra, que tendrá un costo aproximado de 150 mil millones de pesos, pero llama la atención que se ha anunciado que la construcción comenzaría el 17 de diciembre, es decir, prácticamente dentro de un mes.

Pareciera una contradicción informar que se llevará a cabo una consulta y luego fijar la fecha de inicio de las obras, cuando en teoría no se sabe cuál será la opinión de los pueblos originarios, aunque algunos ya se han adelantado a informar que están en contra.

Si se realiza una consulta para que los pueblos otorguen el consentimiento previo, libre e informado sobre el tren maya apegada a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, probablemente muchas comunidades se expresarán en contra.

De ser así, el gobierno tendrá que realizar un amplio proceso de diálogo para hablar con los pobladores, descendientes de los mayas, para convencerlos de las bondades del proyecto, pero sobre todo, para informarles qué recibirán a cambio, porque casi siempre en este tipo de obras, los habitantes originarios se quedan sólo con migajas, con la destrucción de la naturaleza y la contaminación.

El gobierno tendrá que conciliar intereses y crear equilibrios para evitar que los daños al ambiente, por ejemplo, sean menores, porque todo apunta a que la decisión de construir la obra ya has ido tomada por el próximo gobierno.

Es de suponerse que las comunidades de las regiones de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco por las que pasará el tren, que están en contra se están organizando para movilizarse llegado el momento. Sólo falta que algún dirigente ansioso de protagonismo se cuelgue del tema para ganar reflectores con eventuales protestas.

Sean cuales sean los resultados de la consulta a los pueblos indígenas el gobierno deberá de tomar en cuenta su opinión para que no suceda lo que con la anunciada construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, que no se pudo construir, en parte, por la oposición de las comunidades por las que iba a pasar.

Claro, muchos empresarios, sobre todo del ramo turístico, preferirían que ni siquiera se consulte la obra, sino que se construya de una vez porque están seguros de que traerá beneficios al sector. Y efectivamente, el tren maya será un detonante en la región sur-sureste, considerada una de las más importantes del país para los visitantes, ya que concentra destinos de playa y la cultura maya.

El dilema es cómo una obra de este tipo que se construirá con recursos públicos, beneficia por igual a los empresarios y que a los habitantes asentados en los territorios por los cuales pasará, para evitar que como casi siempre, sólo unos cuantos ganen y la mayoría se quede sólo con migajas y destrucción.

En fin, ojalá que el próximo gobierno de verdad tome en cuenta todas las opiniones, la de los pueblos originarios dueños de los territorios, principalmente, y dé muestras de que es diferente a los anteriores porque imponer nunca es la mejor solución, y menos cuando se trata de una obra de la magnitud del tren maya. Es necesario evitar que al proyecto y a la mayoría de habitantes de la región se los lleve el tren.

Adiós a la LSI

Once meses después de su aprobación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la Ley de Seguridad Interior (LSI) al declararla inconstitucional, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones al proceso legislativo, no consideró las afectaciones que ocasionaría a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior y la seguridad pública, entre otros argumentos.

La norma, aprobada el 17 de noviembre del año pasado, permitiría a los militares realizar labores de seguridad interior y por lo tanto, continuar en las calles y otras acciones consideradas violatorias de los derechos humanos.

Por ello, diversas organizaciones no gubernamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), grupos de legisladores, municipios, comunidades, organismos de derechos humanos internacionales y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), entre muchos otros, se habían pronunciado en contra de su aplicación y habían exigido su anulación.

Es probable que el fallo de la SCJN haya sido concertado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien de esta manera manda un mensaje positivo a quienes se oponían a la norma. Ello mismo le da la posibilidad de promover reformas para su plan de pacificación del país, que incluye la creación de la Guardia Nacional, lo que también preocupa a algunos organismos defensores de derechos humanos. Es decir, por un lado, echa para atrás una ley cuestionada, y por el otro anuncia su propio plan. O sea que la discusión en torno al tema podría seguir. Habrá que esperar.

Picotazos

Mañana 17 de noviembre se cumplen 35 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uno de los movimientos más importantes de la época contemporánea. Tres indígenas y dos mestizos se reunieron en algún lugar de la Selva Lacandona y lo declararon fundado. En algún momento tendrán que reconocerse sin regateos los aportes de este grupo al país. En casi 25 años de su vida pública se han escrito miles de notas, artículos y muchos libros. Su vigencia es incuestionable, aunque a veces parezca que se debilita. Su presencia es necesaria para el país, por lo que desde esta Rotonda Pública se hacen votos para que continúe fortaleciéndose y que las celebraciones por el 35 aniversario no sean sólo un dato anecdótico sino la ratificación de su compromiso de luchar por democracia, libertad y justicia. Fin.