¡Abajo privilegios!

Un nuevo debate que tiene que ver con las resistencias de grupos privilegiados que se niegan a dejar la vida cómoda que desde hace años llevan a costa del erario público, ha surgido desde el pasado fin de semana en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que disminuye los salarios de los altos funcionarios y fija en 108 mil pesos la percepción mensual del Presidente de la República.

Nunca antes mejor dicho: La SCJN es juez y parte en este caso porque es ese poder justamente uno de los más afectados por la ley que plantea la reducción de los altos salarios que perciben magistrados y jueces.

Aunque digan lo contrario, sus percepciones, incluyendo prestaciones diversas, están fuera de toda lógica y de toda justicia en un país con tantas carencias y necesidades. Ni en las naciones desarrolladas, los funcionarios perciben tales cantidades de dinero.

Era de esperarse y por ello el hecho inédito de magistrados y jueces de manifestarse este lunes públicamente en todo el país para hacer sentir su peso.

Sin rubor alguno, este grupo selecto al que no le importa que haya millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema, argumenta que la pretensión de la nueva ley le restaría independencia y autonomía al poder judicial.

Asegura que lo que está haciendo al protestar es defender el Estado de derecho. ¿Qué tiene que ver el salario con la impartición de justicia? Desde hace años se ha argumentado que magistrados y jueces deben de ganar altos salarios para evitar que sean corrompidos. ¿Acaso no existe muchos casos de corrupción a pesar de las altas percepciones que obtienen? ¿Acaso los gobernadores -Duarte, Borge y un largo etcétera que ya no están en el poder sino en la cárcel algunos- han dejado de robar millones y millones sólo porque ganan altos salarios?

Si el presidente de la República, el más alto cargo en el país, ha decidido ganar 108 mil pesos, no se entiende por qué otros servidores pretenden ganar más de esa cantidad.

El artículo 127 de la Constitución establece en su inciso II: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Claro que la SCJN no está sola en su intento de defender los privilegios de la clase política nacional que gana altos salarios como en ninguna otra parte del mundo, pues es acompañada en esta rebelión por senadores e integrantes de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que perciben sueldos desproporcionados.

De hecho, la acción de inconstitucionalidad en la que la SCJN se basó para suspender la ley fue presentada por senadores de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, a los que pertenece la clase política que se ha beneficiado del erario público en las décadas recientes y además ha saqueado las arcas públicas.

No sólo es inmoral sino una ofensa que a los magistrados, jueces, senadores, diputados, gobernadores y a otros servidores se les paguen sueldos tan elevados -200 mil, 400 mil o 600 mil- cuando millones de mexicanos no tienen ni qué comer. Y todo eso sin contar con los millones y millones de pesos que se roban ellos, sus familiares y colaboradores cercanos.

Qué contradictorio: Una de sus defensas de las altas percepciones es que los hace independientes y autónomos. Nada más falso porque es lógico que no actuarán en contra de quien les ha fijado los altos emolumentos, es decir el poder Ejecutivo, en complicidad con el poder Legislativo, ambos beneficiarios de las mismas canonjías.

Qué paradoja: ¿Acaso no serán más independientes ahora que el presidente de la República ha propuesto que ganen menos? O, ¿a pasar de la reducción de salarios emitirían un fallo que le favorezca aunque no esté apegado a derecho como lo han hecho hasta le fecha beneficiando al máximo poder en turno?

La única forma de que esta inmoral clase política mexicana acepte que el país tiene que cambiar y que no pueden seguir esos privilegios para un grupo minoritario a costa de la gran mayoría de la población, es que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sea respaldada por el pueblo mexicano y exhiba a quienes se niegan a ganar sueldos justos y acordes a la responsabilidad que desempeñan. Repito: Nadie tiene una responsabilidad más alta que la del jefe del Ejecutivo que ha fijado su salario en 108 mil pesos.

Ya sólo falta que este grupo de beneficiarios del presupuesto nacional proteste porque el gobierno federal ha propuesto aumentar el salario a los burócratas que menos ganan, para que no les bajen a ellos.

Y finalmente, si no están de acuerdo con los salarios que la nueva ley, ahora suspendida, les fijaría, que renuncien y busquen acomodo en la iniciativa privada, sector en el que podrán ganar -si los empresarios se los pagan, claro- altos salarios sin que alguien los cuestione.

En este caso pueden aplicar ese adagio tan común: El buen juez por su casa empieza, pero a estos jueces (magistrados, senadores, diputados, etcétera), simplemente lo que menos les importa es la justicia. Ellos sólo defienden sus intereses, sin que les importe en lo absoluto el sufrimiento de la gran mayoría.

“Con el poder judicial hemos topado”, podría decir don Quijote a Sancho, sustituyendo la frase ya conocida de “Con la Iglesia hemos topado, Sancho”. Habrá que esperar para saber en qué termina este (¿primer?) encontronazo entre el poder Ejecutivo y el Judicial de México. La razón, sin duda alguna, está del lado del primero.

Picotazos

Vaya desde este espacio una felicitación Harbey Kramsky, mi amigo y lector asiduo de esta Rotonda Pública, con motivo de su cumpleaños. No sólo es una gran persona sino un excelente futbolista. ¡Felicidades, goleador! Fin.