¿Nueva política migratoria?
La llegada de nuevos grupos de migrantes centroamericanos a México, dispersos o en caravana, ha generado muchas expectativas por saber qué posición tomará sobre el tema migratorio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lleva un mes y medio en el cargo.
Ante el arribo de hondureños y salvadoreños, principalmente, las autoridades federales han dicho que se respetarán los derechos humanos y que no habrá muro alguno ni policías con gases lacrimógenos para contenerlos.
Sin embargo, han reiterado, al igual que la anterior administración de Enrique Peña Nieto, que el ingreso debe de ser “ordenado” y “seguro”; es decir, la misma postura del gobierno anterior de que entren al país bajo un control oficial para tenerlos registrados. Y no podría ser de otro modo, pues de lo contrario no contarían con permiso para permanecer legalmente en suelo azteca. Ya sabemos que las fronteras sirven para controlar a la población y para que los gobiernos cobren impuestos, pero también es cierto que nadie va a permitir que alguien entre en su casa sin autorización.
Uno de los problemas es que muchos de los migrantes que viajan en esta nueva oleada no traen documentos y no quieren ingresar como el gobierno lo pide, por lo que tendrán que hacerlo de forma ilegal, cruzando el río Suchiate en balsas, como hasta ayer lo habían hecho algunos cientos de ellos que ya se encontraban en Tapachula, según integrantes de organizaciones no gubernamentales.
La pregunta que surge es qué postura tomará el gobierno federal si cientos o miles ingresan de manera ilegal. ¿Dejará que caminen libremente y sin obstáculos hasta la frontera norte del país, o al igual que la anterior administración tratará de evitarlo con policías o mediante otros mecanismos? Lo más seguro es que cuando se topen con algún retén de migración serán asegurados y deportados por violar la ley respectiva.
Uno de los ofrecimientos del gobierno federal es entregarles una visa humanitaria, pero para ello tienen que ingresar de forma “ordenada”, según el discurso oficial -no necesariamente con documentos-, pero, ya se ha dicho, la mayoría o muchos de ellos no quieren utilizar ese mecanismo, con el argumento de que una vez que las autoridades mexicanas tengan sus datos, el gobierno de Estados Unidos poseerá esa información.
¿Buscará el gobierno federal contenerlos ofreciéndoles trabajo en Chiapas, por ejemplo, para evitar que lleguen a la frontera norte como pretende la mayoría? ¿Qué posición tomará el gobierno del presidente Donald Trump? Es cierto que muchos de ellos vienen con la idea de quedarse en México a trabajar, aunque prefieren estados del norte y no los del sur que están en pobreza, como los países de los que proceden.
De hecho, desde ayer, las autoridades migratorias registraron a cerca de mil personas que ingresaron de manera controlada para que se analice su caso individual, con la finalidad de definir en cinco días si son susceptibles de recibir la tarjeta o visa humanitaria.
En este caso, las autoridades mexicanas han mostrado una nueva cara, pues desplegaron en la frontera sur a muchas personas para agilizar los trámites de las solicitudes de los migrantes.
Además, hasta ayer no había intervenido la policía en ningún caso, por lo que los centroamericanos hicieron notar la diferencia de la política del anterior gobierno con el actual.
Muchos de los que vienen en los grupos que partieron desde sus países hacia el norte esta semana, hicieron el viaje en las pasadas caravanas y por diversas razones regresaron a sus países de origen, sobre todo hondureños, ya que estaban en Tijuana. La mayoría retornó de manera voluntaria porque vio que no había muchas expectativas y/o porque prefirieron ir a pasar la Navidad y el fin de año con sus seres queridos.
Algunas personas han llamado la atención acerca de la casualidad de que la nueva oleada de migrantes llegue cuando están por realizarse elecciones presidenciales en El Salvador. Más de algún funcionario de ese país sospecha que detrás de esta estrategia podría haber algunas personas, cuyos intereses no están muy claros, por lo que ya investigan el asunto.
Habrá que recordar que las caravanas realizadas durante octubre y noviembre del año pasado coincidieron con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Qué casualidad.
Es cierto que esas caravanas estaban mejor organizadas y eran de miles, sobre todo la primera, y por lo mismo llamaron la atención no sólo nacional sino internacional. Tuvieron una cobertura informativa muy amplia.
Parece que ahora es un poco diferente. El sólo hecho de que hasta ayer hayan entrado al país casi mil personas de manera controlada por las autoridades, le quita cierta relevancia informativa, además de que rompe la estrategia -si la hubiera- de activistas para generar “ruido” con una caravana como se hizo con las anteriores.
Otro asunto es que no pocos mexicanos ya no están muy conformes con que ingresen caravanas de migrantes, y seguramente ello se notará en la disminución de entrega de ayuda humanitaria. Para comenzar, un grupo de pobladores de Ciudad Hidalgo manifestó su malestar porque las autoridades municipales, estatales y federales decidieron instalar un albergue en el estadio de futbol, porque les quitaron un espacio para la práctica de un deporte.
Lo que no está claro todavía es qué pasará con todas las personas a las que el gobierno les otorgue la tarjeta por razones humanitarias. ¿Permanecerán en Chiapas o podrán moverse libremente a cualquier parte del país? ¿Y a las que no se les entregue? Seguramente ingresarán por el río y transitarán sin permiso como de por sí lo hacen miles al año, guiados por “coyotes”, con la complicidad de policías y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Claro, con una buena cantidad de dólares de por medio. Fin.