¿Hechos aislados?

Una preocupante ola de violencia y de hechos de sangre se han desatado en las semanas recientes en diversos puntos de Chiapas, lo que ha generado temor e incertidumbre.

Algunas personas piensan que no se trata de sucesos fortuitos o aislados, sino que son parte de una estrategia para atacar y debilitar al gobierno estatal, aunque también existe la posibilidad de que tengan que ver con la descomposición que prevalece en la entidad.

También piensan que pudiera tratarse del reacomodo de diversos grupos propio del inicio del sexenio, como ha sucedido en ocasiones anteriores o para negociar posiciones o privilegios con el actual gobierno, al que pretenden “ablandar” mediante la violencia.

Primero fue el asesinato del activista Sinar Corzo Esquinca, ejecutado de un balazo por un sujeto que se transportaba en una motocicleta en la ciudad de Arriaga el 3 de enero.

Es cierto que Sinar tenía varios enemigos porque por diferentes razones había afectado intereses en gobiernos anteriores, por lo que más de alguno no estaba contento con él. Este caso fue nota nacional e internacional.

Aunque tardó un poco, la Fiscalía General del Estado realizó diversas investigaciones y una de sus conclusiones es que Apolinar N, suegro del alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, quien por cierto, fue presentado a declarar la semana pasada por el caso, presuntamente está involucrado.

Lugo sucedieron los hechos de Amatán, donde fueron asesinados, el dirigente Noé Jiménez Pablo, integrante de la Coordinación Regional de Mocri-CNPA-MN, y el militante Héctor Cruz Hernández.

Si bien hay que preguntarse quién está detrás de estos lamentables acontecimientos y con qué fines perversos, es necesario mencionar que las autoridades estatales y federales tienen parte de responsabilidad por no atender la situación como lo ameritaba ni resolver un conflicto que se agravó después de las elecciones del primero de julio, con el triunfo de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, del partido Morena. Él y su hermano Wilber han gobernado más de una década ese municipio del norte de Chiapas, que colinda con Tabasco, por lo que es justificada la indignación de una parte de la población.

Da la impresión de que las autoridades minimizaron el conflicto pensando que los inconformes se cansarían rápido y se desactivaría la protesta, pero no fue así. En ese caso hubo indolencia y negligencia, y alguien debería de ser responsabilizado. Grave fue el desliz de negar que hubiera heridos, desaparecidos o muertos. Probablemente los operadores políticos en la zona no tenían la información precisa o la ocultaron por alguna razón.

Independientemente de la falta de una actuación adecuada de parte de las autoridades, probablemente alguien -persona o grupo- está detrás del artero asesinato y tortura del dirigente campesino y del militante de la agrupación señalada.

Es evidente que entre los principales afectados por el movimiento de protesta se encuentra el alcalde, por lo que una de las hipótesis es que él o sus familias podrían haber actuado. Además, según distintas versiones, estaba siendo presionado por autoridades superiores para que solicitara licencia al cargo.

Apenas estaba aclarándose el caso de Amatán cuando sucedió la balacera en la comunidad de La Aurora, municipio de Yajalón, con resultado de cuatro muertos, cinco heridos -entre ellos dos policías-, siete vehículos incendiados y dos detenidos.

¿Fue algo provocado o un descuido de las autoridades? Es necesario investigar para aclarar cómo y por qué la acción terminó con tantos muertos.

Cuando menos estos tres sucesos no parecen aislados sino producto de acciones planeadas por intereses personales para desestabilizar al gobierno estatal y hacerlo tambalear para sacar ventajas políticas. Quién sabe si aspirantes a la gubernatura para el próximo sexenio andan ya moviéndose para tratar de hacerse de la silla.

No había pasado una semana de los dos anteriores casos comentados cuando nuevamente estalla la violencia en Aldama. No podría decirse que esto es nuevo, pues el conflicto por la disputa de tierras con sus vecinos de Santa Marta, municipio de Chenalhó, lleva más de una década.

Sin embargo, sí llama la atención que las agresiones se aviven justo cuando en otras partes del estado se ha desatado la violencia que amenaza con extenderse, pues las autoridades no se dan abasto para atender tantos conflictos.

Este caso en particular requiere un tratamiento especial de las autoridades estatales, antes de que escale la violencia y termine en una matazón, ya que en esa zona, como en otras, todo mundo está armado. Un paréntesis: Valga recordar que en 2009, Santa Marta y Aldama firmaron un convenio para poner fin al conflicto, por lo que los pobladores de la primera recibieron del gobierno estatal, un millón 300 mil pesos y una camioneta nueva, pero los habitantes de la primera incumplieron el acuerdo y en 2014 tumbaron árboles, cortaron mangueras para el agua y en abril de 2016 comenzaron a invadir los terrenos, desalojaron a 7 familias, quemaron sus casas y se apropiaron de sus cosechas de maíz y café.

Sólo en estos cuatro casos citados van 8 muertos, aparte de los heridos, más los varios casos individuales como las mujeres encontradas muertas en San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, por citar algunos.

Es evidente que estos hechos, aislados o no, afectan la imagen de las autoridades estatales, y alguien pretende sacar raja política de este inicio de año muy violento en la entidad.

Por ello, las autoridades estatales deben de aplicarse y tomar muy en serio su responsabilidad y procuren resolver los diversos conflictos no solucionados en administraciones anteriores. De lo contrario, continuarán los muertos y los heridos y eso a nadie le conviene. Fin.