¿Y las armas?

Qué bueno que las autoridades federales y estatales lograron la firma de un acuerdo de no agresión entre las autoridades de Aldama y Chenalhó para evitar que los pobladores de estos dos municipios tzotziles se sigan agrediendo por la añeja disputa de 60 hectáreas.

Seguramente no fue fácil llegar al consenso y construir el acuerdo para que finalmente las autoridades municipales suscribieran el documento, pues de por medio hay más de 20 muertos y muchos heridos de ambos bandos.

Por su relevancia es necesario destacar en este caso la participación del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pues muchas veces el gobierno federal procura eludir acuerdos delicados de como del que se habla.

Sin duda, es un acuerdo importante logrado por las autoridades que tienen la responsabilidad de buscar mediante el diálogo todos los mecanismos para evitar en lo posible la confrontación entre grupos antagónicos y el derramamiento de sangre, pero a bote pronto da la impresión de que la firma de un pacto por sí mismo no es suficiente en este caso, si antes no se resuelve de fondo el conflicto entra las partes.

Para empezar, los pobladores de los dos grupos, entre los cuales se encuentran otros de tendencias políticas diferentes, siguen armados y por más que sus autoridades hayan suscrito un acuerdo no les harán caso. Mientras los habitantes de ambos pueblos (Aldama y Santa Martha) sigan armados, las esperanzas de que no haya agresiones son pocas, por desgracia. Valga un ejemplo: Cuando en un país se pone fin a un conflicto interno armado, el desarme es un punto principal.

En el caso que nos ocupa, es casi imposible que los presidentes municipales puedan controlar a toda su gente y comprometerse a que no accionarán sus armas de fuego porque simplemente no les harán caso.

Mientras haya impunidad y no sean castigados los responsables de los más de 20 asesinatos, difícilmente se tranquilizarán los pobladores de los dos lados (Aldama y Santa Martha), aunque hay que entender que aplicar la ley en ese caso tampoco es cosa fácil. Se sabe que existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, que en aras de los acuerdos políticos se han archivado. Ahora que se ha suscrito el nuevo pacto, se antoja menos probable que pudieran ser cumplimentadas.

Aunque tal vez no con los mismos alcances, no es la primera vez que se firma un pacto de no agresión, y sin embargo, no han cesado los ataques mutuos. Apenas la noche del miércoles llegaron denuncias de que pobladores de Santa Martha estaban disparando. Ojalá los pronósticos sean errados, pero puede darse casi como un hecho que los disparos de armas de fuego no cesarán, y que cuando haya algún herido o muerto, las cosas podrían complicarse más.

Los presidentes municipales y los agentes podrán comprometerse a que no habrá disparos, pero no siempre controlan por completo a sus bases que tienen armas de grueso calibre y con dos o tres personas que las activen es suficiente para anular en los hechos cualquier acuerdo, por más voluntad e interés que hayan puesto sus firmantes.

Lo que dio origen al conflicto hace más de cuatro décadas es la disputa de 60 hectáreas cuando Aldama todavía pertenecía a Chenalhó, pero al parecer la tierra ha dejado de ser el motivo principal del problema, pues se han mezclado intereses políticos e ideológicos, sin que les importe mucho el derramamiento de sangre. Al contrario, pareciera que a algún grupo hasta le conviene la confrontación.

Hasta donde se sabe, autoridades estatales propusieron a Aldama la compra de un rancho (Cerro Bola) de 180 hectáreas ubicado en Ixtapa para reponer las tierras ocupadas por Santa Martha, pero no se ha podido concretar un acuerdo. Al parecer, las cosas iban por buen camino, pues ya se había convenido en que todos los agentes rurales visitaran el lugar, pero justo en esos días, a principios de mayo pasado, fue secuestrado y asesinado el síndico (que en los hechos fungía como presidente municipal), Ignacio Pérez Girón, lo que frenó el proceso. Aunque de alguna forma su muerte vino a afectar los avances, autoridades estatales dicen tener elementos suficientes para asegurar que el homicidio no está relacionado con el conflicto por la disputa de tierras, sino que fue por otros intereses.

También se sabe que a Santa Martha le han hecho propuestas de reubicación y la entrega de varios millones de pesos con tal de que se dé por concluido el problema, pero no ha aceptado, lo que deja ver que detrás existen intereses ajenos al meramente agrario.

A pesar de la presencia de la policía estatal en ambos lugares, los disparos nunca han cesado en esa zona, y provienen de ambos grupos, no sólo de uno, por lo que la agresión es mutua, no sólo uno es víctima o atacante.

El peligro es tal en esa área que varios policías estatales que estaban en los campamentos prefirieron renunciar a quedarse y exponer la vida, pues ya ni ellos están a salvo.

Se ha hablado mucho de este conflicto en los últimos 10 años, debido a las constantes agresiones entre los dos pueblos, pero en los dos años recientes el problema se ha agravado y los rencores incrementado, lo que complica aun más una solución de fondo.

En este contexto, el pacto de no agresión es una buena iniciativa, pero dadas las circunstancias en la zona, insuficiente para acabar con la tensión, el peligro y el conflicto mismo.

Lo más lamentable es que los habitantes de las comunidades en conflicto viven en condiciones de pobreza que bien podrían superar si se ponen de acuerdo y en lugar de estar matándose propusieran al gobierno que los apoye con proyectos productivos, escuelas, clínicas y demás infraestructura que necesitan, porque a las mismas autoridades les conviene para tratar de poner fin a un conflicto que está latente y en cualquier momento puede explotar. Ojalá que no, pero cuando quedan cabos sueltas (armas en muchas manos) la lógica sugiere lo contrario. Fin.