Sin visos de solución

Han pasado 12 días y ni el ayuntamiento de San Cristóbal ni los líderes de las comunidades y sus asesores que mantienen retenidos 15 camiones recolectores de basura han cedido en sus posiciones, por lo que las unidades siguen en su poder.

Las autoridades municipales han sido claras en que primero sean liberados los camiones y luego se instale la mesa de diálogo para analizar la demanda de algunas comunidades de que se construyan obras de beneficio social por un monto de alrededor de 200 millones de pesos, según fuentes del cabildo.

Está bien que el ayuntamiento no cede al chantaje de los líderes de los indígenas que en general no cuentan con el respaldo de los agentes de las comunidades, siempre y cuando solucione el problema de la recolección de los desechos contratando unidades tipo volteo u otras, para no afectar a la población.

Mientras el servicio no se suspenda habrá menos presión social, aunque no faltará quien azuce a algunos sectores para tratar de desgastar a la autoridad municipal, además de que existe el riesgo de que se le tache de incapaz por no resolver el problema, en lo cual también hay algo de razón.

Hay que insistir: El cabildo no debe de ceder a los chantajes porque si lo hace será un cuento de nunca acabar y cada vez que se le quiera presionar serán retenidos los camiones recolectores, además de que sus opositores buscarán siempre golpear con el tema porque se han dado cuenta de que es un punto débil para hacer que la autoridad doble las manos.

Mientras más tiempo pase sin una solución, mayor podría ser el desgaste para quienes tienen retenidos los camiones, porque poco a poco se les irá desinflando el globo y se irán quedando sin un motivo fuerte de presión. Por eso es que amenazan con quemar las unidades, pero no lo van a hacer porque sus asesores no son (tan) tantos, pues entonces sí, se quedarían sin algo con que tratar de negociar.

Algunas personas se han desesperado y exigen a las autoridades que actúen penalmente y detengan a los líderes visibles -que se aplique el estado de derecho, claman-, pero habrá que analizar si conviene meterlos a la cárcel en esta coyuntura, ya que se corre el riesgo de que en lugar de solucionar un problema se desate otro mayor. Por lo demás, ese tema le compete a la autoridad estatal.

Hasta donde se sabe el ayuntamiento ya interpuso la denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía podría actuar en cualquier momento, pero seguramente está esperando agotar la parte política, ya que la Secretaría de Gobierno está interviniendo, aunque hasta ahora no ha habido resultados.

A algunas personas les parece que las autoridades estatales han dejado un poco solo al ayuntamiento porque no han visto que haya una acción enérgica en contra de quienes tienen retenidos los camiones desde el 13 de este mes.

Aunque lentas para la urgencia del caso, las autoridades estatales han estado interviniendo. Apenas el viernes o sábado pasado hubo una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Gobierno y representantes del cabildo coleto, en la que se insistió en buscar una solución negociada antes de actuar con la policía.

Está claro que el asunto es político, pues detrás de los inconformes está un exalcalde y un excandidato que ha perdido todas, pero en el río revuelto se han sumado, increíblemente, algunos del propio partido Morena, que tienen interés en la candidatura para el siguiente trienio.

Seguramente están involucrados también quienes durante muchos años hicieron de la basura un negociazo chantajeando a las autoridades municipales en turno con la retención de camiones recolectores y a quienes se les terminó la fábrica de dinero en este trienio. En este caso hay mestizos e indígenas (algunos son compadres entre ellos) de las comunidades que más se beneficiaban.

A estos que están detrás sí los puede presionar el gobierno estatal de alguna manera porque tienen grandes colas que les pisen para que desistan de sus intenciones de desestabilizar el municipio por intereses políticos personales.

Lo cierto es que las cosas tampoco pueden permanecer en un estado de indefinición y si no hay una solución política tendrá que aplicarse el estado de derecho, ya que por otra parte, los camiones recolectores de desechos se irán deteriorando y dañando, a cuenta de quienes los tienen en su poder.

En este caso el ayuntamiento tiene razón en no ceder y debería de contar con el apoyo social, aunque como es evidente tendrá que pagar un costo político porque sus opositores están operando para ello.

Una cosa es que haya necesidad de obras sociales como efectivamente las hay y otra que se pretenda poner de rodillas al ayuntamiento para obligarlo a que ceda a todo lo que a algunos se les antoja.

La situación no es fácil, está complicada. La retención de las unidades ha polarizado en cierta medida a la sociedad. Muchas personas exigen poner un alto de una vez y demandan al gobierno estatal y municipal que intervengan para encontrar una solución antes de que las cosas pasen a más.

El tiempo se agota, por lo que las autoridades tendrán que tomar una decisión y analizar qué tanto conviene que grupos o personas realicen actos delictivos impunemente como en este caso que 15 unidades del servicio de Limpia Municipal están secuestradas desde hace 12 días. Y no sólo eso, los responsables amenazan -o difunden rumores- de que suspenderán el servicio de agua entubada para presionar a las autoridades, lo cual está más complicado, aunque en este municipio todo es posible, hasta lo inimaginable. Fin.