Precedente importante

Después de más de un año de haber estallado el escándalo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Chiapas libró seis órdenes de aprehensión en contra de exconsejeros y exfuncionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por el delito de fraude electoral cibernético y alteración del Registro Nacional de Electores (RNE), durante las elecciones locales realizadas el 19 de julio de 2015.

De acuerdo con información oficial, hasta el jueves sólo había sido ejecutada la orden de aprehensión en contra de la exconsejera Margarita Esther López Morales, quien fue liberada la noche del miércoles por no tratarse de un delito no grave.

El fraude, relacionado con la elección del llamado diputado migrante, se volvió un escándalo nacional, luego de las denuncias de que Roberto Pardo Molina, del Partido Verde Ecologista de México había triunfado ilegalmente, por lo que en diciembre de 2015 fue desaforado.

En los hechos aparece involucrada también la empresa DSI Elecciones, responsable del manejo del sistema electrónico para la votación de los chiapanecos en el exterior.

Es muy importante que se haya sentado el precedente de llevar a juicio a quienes desde el IEPC contribuyeron u orquestaron junto con los beneficiarios de la elección el fraude, porque sólo de esta manera se evitarán futuras tentaciones de realizar acciones fuera de la ley para favorecer a determinados políticos o partidos.

En teoría, después de la acción judicial emprendida por la Fepade, cualquier consejero o candidato a algún puesto de elección popular lo pensaría dos veces antes de actuar.

También es muy importante la acción judicial porque de alguna forma puede ayudar a recuperar la credibilidad perdida en los órganos encargados de organizar las elecciones en cualquiera de sus niveles.

De por sí, los ciudadanos creen cada vez menos en estos organismos y si a eso se le agregan fraudes tan burdos como el que se descubrió en la elección del diputado migrante, las urnas serán cada vez menos atractivas como forma para elegir a las autoridades o representantes populares.

Es probable que en la elección de los ayuntamientos y los restantes 40 diputados se hayan utilizado también un mecanismo fraudulento pero eso no pudo ser probado, por lo que no pasó de denuncias mediáticas.

Ojalá que por el bien del sistema electoral, que como se ha dicho cada vez cuenta con menos credibilidad, no se repitan fraudes como el que se cometió en los comicios del 19 de julio de 2015, principalmente en cuanto al diputado migrante.

¿Principio o fin?

Muchos se preguntan si el hecho de que la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez haya retomado el poder en el palacio municipal el pasado 14 de marzo es el fin o el inicio del conflicto que lleva 11 meses y que ha dejado cuatro muertos, más de 15 heridos, cerca de 300 desplazados, pero sobre todo, una marcada división y sed de venganza de los familiares y amigos de las víctimas.

Muchos creen que no era necesario que por soberbia o por orgullo, la presidenta municipal tomara el riesgo de despachar en la cabecera, cuando durante muchos meses lo había hecho sin mayores problemas desde una oficina en San Cristóbal y bien en algunas comunidades de su municipio.

Tarde o temprano las imposiciones como en este caso traen consecuencias, generalmente violentas porque siempre habrá quienes se opongan y busquen la forma de resistirlas.

La presidenta y las autoridades estatales no deberían de minimizar al grupo opositor que si bien está debilitado por la falta de recursos y por el asesinato de Lorenzo Sántiz Alrarez, hijo del síndico, Miguel Sántiz Alvarez, y de Jonhy Orlando Vázquez Ruiz, maestro de música en la Casa de la Cultura de Chanelhó, está lejos de ser aniquilado y en cualquier momento podría resurgir.

Existen muchas denuncias de los mismos pobladores de que en diversas comunidades de Chanelhó existen armas en manos ambos grupos que se disputan el poder municipal, lo que debe de preocupar a las autoridades estatales y federales, sobre todo porque existe el terrible y triste antecedente de la matanza de Acteal.

Aunque es cierto que el contexto y las condiciones políticas eran otros, también lo es que si una vez hubo quien disparara y matara a niños, mujeres y hombres de tal manera por los intereses que sean, nadie puede asegurar que no haya quien lo haga de nuevo por nuevos intereses.

No hay que olvidar que cuando ha habido muertos como en este caso, afloran los odios y la sed de venganza y contra eso poco se puede hacer. Por más policías que sean desplegados, nunca serán suficientes para garantizar la seguridad de todos los pobladores. Además, el costo que representa mantener un despliegue de tal magnitud es alto.

Ojalá todos los actores involucrados en este caso pusieran todo lo que esté de su parte para evitar más hechos de sangre en ese municipio, donde muchas familias están sufriendo las consecuencias de la división ocasionada por la disputa del poder entre dos grupos de caciques.

Donde las autoridades deben de estar atentas también es en el ejido Lomantán, municipio de Las Margaritas, pues integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) y el resto de pobladores agrupados en la Alianza de Organizaciones Sociales mantienen un conflicto por la disputa de tierras. También en ese caso existen denuncias de la presencia de hombres armados que en cualquier momento podrían ocasionar hechos de sangre. No vaya a ser que por no atender a tiempo las denuncias de los afectados, después se tengan que lamentar hechos de violencia que a nadie convienen. Fin.