Corrupción

Aunque probablemente no se ha tocado fondo, el país está viviendo una de sus peores etapas en cuanto a la corrupción y el saqueo de los recursos públicos por gobernantes cada vez más descarados en la apropiación de los bienes del pueblo, sin que las máximas autoridades del país hayan sido capaces de frenar tal descomposición.

Sólo en una semana han sido detenidos dos exgobernadores: Tomás Yarrington, de Tamaulipas y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, que son sólo la muestra de la gravedad de la situación.

Yarrington fue detenido en Italia, después de más de cuatro años de estar prófugo, por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción; y Duarte de Ochoa fue aprehendido en el vecino país de Guatemala apenas el pasado sábado.

Otro exgobernador, César Duarte Jáquez, de Chihuahua, también priísta, está prófugo de la justicia, también por actos de corrupción. Éste y el ex mandatario de Veracruz dejaron el poder hace apenas unos meses, luego de perder las elecciones para su partido.

A estos tres casos hay que agregar que los ex gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Sonora, Guillermo Padrés Elías; de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; de Coahuila, Humberto Moreira; de Quintana Roo, Roberto Borge, quienes han tenido que enfrentar proceso penales por acusaciones de corrupción.

Tal parece que no importa del partido que sean, la corrupción ha permeado en todos o en casi todos ellos y en la gran mayoría de políticos que ocupan algún puesto público.

Estos son sólo algunos de los casos en los que las autoridades han dado luz verde para que se actúe, porque sabido es que no pocos ex mandatarios estatales o sus colaboradores cercanos se han apoderado de cuantiosos recursos públicos desde hace varios sexenios, sin que nada se les haya hecho; por el contrario han sido premiados con otros puestos públicos.

Ello habla de la terrible descomposición que se vive en el país en el ámbito público. Da la impresión de que cada vez más se apropian de manera descarada de los recursos del pueblo desde lo más alto hasta las presidencias municipales, por lo que el dinero alcanza cada vez menos para solucionar las demandas sociales, empezando por la atención a la salud y la educación, por citar dos casos.

Ahora cualquier alcalde hasta del municipio más pobre, roba lo que quiere y puede sin que haya mayor control, y cuando el gobierno estatal o federal actúa, es muchas veces por intereses políticos y no para combatir la corrupción.

Desde hace varios años, la federación dejó de tener el control que con todo y sus asegunes mantenía sobre los gobernadores y ahora se creen unos virreyes que hacen y deshacen lo que se les antoje sin que nadie les diga algo.

Si hubiera un control estricto sobre el ejercicio de los recursos públicos en todos los estados y municipios del país, cientos de gobernantes, no unos cuantos, estarían ya en la cárcel y no disfrutando de los millones de pesos que se han llevado a costa del sufrimiento de la mayor parte de la población que se queda sin agua, sin carreteras, sin energía eléctrica, sin los servicios de salud y sin muchos otros servicios y obras prioritarias.

No pocas personas tienen la sospecha de que la reciente detención de Javier Duarte tiene fines políticos por la cercanía de las elecciones en varios estados del país, de manera destacada las del Estado de México, pero sobre todo por los comicios presidenciales de 2018 y que sus declaraciones, ciertas, falsas o acordadas con las autoridades a cambio de una posterior exoneración, buscarían perjudicar a uno de los candidatos incómodos para la oligarquía política y financiera nacional e internacional.

Las semanas y meses próximos serán determinantes para saber hacia dónde se encaminan los previsibles desenlaces de la detención de Javier Duarte.

Todo lo que está pasando en el país debería de ser un llamado de atención para los gobernadores en funciones que actúan igual o peor que algunos de los que han tenido que enfrentar procesos penales jurídicos por acusaciones de corrupción. Si no, después irán a la cárcel o estarán huyendo para tratar de evadir la acción de la justicia.

Picotazos

Como pocas veces, la Feria de la Primavera y de la Paz que se celebra en San Cristóbal año con año a partir del domingo de Resurrección, fue inaugurada el pasado domingo en medio de protestas y de una fuerte presencia de policías para evitar que los manifestantes llegaran a interrumpir el acto que se efectuaba en el parque central. Mucha gente alarmada, sobre todo que en otras partes se enteró a través de las redes sociales de tales hechos, comenzó a comunicarse con familiares y amigos en la ciudad coleta para preguntar qué estaba pasando. La falta de atención oportuna a las demandas de algunos sectores de la población fue lo que provocó que la situación desembocara en lo anterior causando una pésima imagen a la ciudad. Nadie puede ignorar, desde luego, que en el fondo se trata de una lucha política con visos electorales por candidaturas y las elecciones del próximo año. Claro, un buen político enfrenta todo este tipo de problemas, pero como en la alcaldía coleta no hay políticos, no podía esperarse una respuesta que desactivara el problema. Además, la marcha había sido anunciada con anticipación, por lo que no se explica que no se haya buscado negociar. Una de las consignas de los inconformes fue “Fuera Cancino”, ya que el alcalde ha sido incapaz de solucionar muchos problemas. Apenas en los primeros días de la Semana Santa tuvo que echar marcha atrás en su política de permitir, no de gratis, claro, la instalación de puestos de venta de alimentos y artesanías en el parque central de San Cristóbal durante las festividades más importantes. Ello, después de una serie de críticas, incluidos funcionarios estatales, en las redes sociales. Fin