¿Habrá castigo?

Chiapas ha vuelto a ser noticia nacional y por desgracia no por algo bueno sino por un conflicto mal atendido que terminó con la muerte de dos policías: uno estatal y otro municipal.

La entidad no se ha repuesto todavía de los efectos publicitarios negativos causados por el terremoto del siete de septiembre que dejó 16 muertos y mucha destrucción material. La emboscada a policías en el ejido El Aguaje, municipio de San Cristóbal, sucedió el viernes 29, con resultado lamentable de dos agentes muertos: Martín Jiménez Velasco (estatal) y Arbey Rosales Reyes (municipal), además de 28 lesionados, 18 de bala.

Como era de esperarse, la afluencia de turistas a la entidad descendió en las recientes tres semanas a causa del sismo, por las más de cuatro mil réplicas que han sucedido desde el siete y por el miedo a que sigan los temblores.

Cuando apenas se iban a tomar acciones para promocionar los destinos turísticos de la entidad ocurrieron en El Aguaje dos hechos lamentables: primero el bloqueo a la carretera Panamericana que por sí solo ahuyenta a los turistas; y luego la emboscada a la policía con el saldo ya mencionado.

Los constantes cierres de carreteras en Chiapas en los años recientes han sido uno de los motivos principales para que turistas nacionales y extranjeros prefieran otros destinos más seguros, con lo que ha bajado la afluencia.

Tal vez en su afán de mostrar que se aplica el estado de derecho, el gobierno decidió desalojar el viernes 29 de septiembre a los habitantes de El Aguaje que desde la víspera tenían cerrada la vía, pues para ese día estaba prevista la visita del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid. Qué contradicción que cuando se pretendía dar la imagen de que existe seguridad para que los turistas visiten la entidad y cuando el funcionario llegaba para anunciar el inicio de una campaña promocional, se provocó un hecho que generó todo lo contrario: ahuyentar el turismo.

El operativo fue mal diseñado. Lo mínimo que se puede decir es que faltó trabajo de inteligencia para evitar que los uniformados fueran emboscados tan inocentemente como sucedió.

Tampoco se entiende cómo es que estando tan cerca de la 31 Zona Militar, los cuerpos de inteligencia del Ejército Mexicano no hayan detectado la presencia de armas y alertado a la policía para que no entrara. Tomando en cuenta, sobre todo, que era de día.

Como establecen los protocolos, los agentes iban desarmados aunque portaban chalecos antibalas –quién sabe si todos o sólo algunos- que los protegieron.  Una muestra de ello es que los lesionados recibieron disparos en los hombros, las piernas y los brazos, pero no en el pecho ni la espalda. Si no, el número de muertos habría sido mayor.

Es lógico que cuando los grupos inconformes se ponen intransigentes y a fuerzas quieren que les den lo que piden o cuando los conflictos no son debidamente atendidos, se les da largas o simplemente se engaña a la gente, pasa lo que sucedió en El Aguaje.

Aquí hay cuando menos dos puntos importantes: por un lado, la intransigencia de los habitantes de El Aguaje y de sus autoridades para llegar a una negociación, aunque su exigencia fuera justa, y por el otro, la falta de voluntad o de capacidad del gobierno para atender y solucionar de fondo el problema. (Después de los muertos se entregaron 500 mil pesos para la construcción del citado parque y los pobladores de El Aguaje declinaron seguir reclamando participar en la explotación comercial de las Grutas. Qué necesidad de esperar a que hubiera derramamiento de sangre y un costo político alto).

El conflicto, que desgraciadamente desembocó en la mortal emboscada, había estallado desde hace más de un mes con la toma del centro turístico Grutas de Rancho. Ese debió de ser un aviso importante para las autoridades.

En esa ocasión se dio también el primer bloqueo e iniciaron mesas de diálogo, pero el tema fue mal operado y jugueteado desde el principio. Las autoridades estatales y municipales, debieron de poner más atención para evitar que llegara hasta donde llegó. Si se le busca, a más de algún funcionario podría resultarle responsabilidad por  jurídica omisión, pues dejaron de hacer lo que por ley debieron haber hecho.

En sus afanes reeleccionistas, el acalde Marco Antonio Cancino González metió desde hace ya algún tiempo las manos en esa comunidad y les ofreció quién sabe qué tantas cosas a sus pobladores y, a la hora de la hora, sólo los jugueteó y los dejó tirados.

Luego, según fuentes bien informadas, las autoridades estatales se habían comprometido a construir un parque turístico en la comunidad y tampoco cumplieron con lo pactado, que incluía la entrega de alrededor de 500 mil pesos y el envío de maquinaria pesada. Ello provocó que como medida desesperada, después de realizar 17 viajes a la capital del estado, según ellos, los habitantes cerraran la carretera el jueves 28 de septiembre, sin que se justifique en lo absoluto que recibieran a balazos a la policía.

Algunos opinan que el alcalde tiene responsabilidad política en todo esto, y hay quienes interpretan que ante las presiones y con tal de salvarlo a él, la policía estatal detuvo a Augusto García Cancino, director de imagen urbana del ayuntamiento de San Cristóbal, quien por cierto, ha construido un cacicazgo y una alianza con los habitantes de esa zona con tal de mantenerse en el puesto y seguir haciendo negocio con los camiones recolectores de basura (la reparación y la compra de refacciones para las unidades, por ejemplo).

El tema da para muchas interpretaciones, pero una de las principales es que las autoridades no atendieron debidamente el conflicto.

Lo grave de todo esto es que el fatal desenlace, que ha indignado a muchas personas, ha dejado a dos familias enlutadas por el artero asesinato de los agentes Martín Jiménez Velasco y Arbey Rosales Reyes, quienes, como toda persona, tienen padres, esposas, hijos, hermanos, etcétera que ahora lloran su injusta muerte. La pregunta es: ¿Alguien pagará por estos crímenes? Fin.