Tlaxcala, tragedia con nombre y apellido

El día 1 de marzo, Rosa María cumplió 48 años, muy temprano fue a desayunar a la capital del estado con su esposo Juan Carlos, comandante de la policía municipal para celebrar un año más de vida. María Guadalupe de 59, originaria de San Martín Texmelucan, Puebla, fue a una consulta dental a un consultorio auspiciado por la fundación de la senadora Lorena Cuéllar.

Aldo, un obrero de 30 años, fue a tramitar una pensión parcial al IMSS luego de un accidente laboral. Poco antes de la una de la tarde, ellos cuatro y otras 15 personas abordaron una camioneta de transporte público de la ruta Ixtacuixtla-Tlaxcala. Al tomar la carretera federal, el chofer comenzó a acelerar sin motivo aparente, es decir, no buscaba ganar al siguiente pasajero, tampoco hubo las riesgosas carreras entre unidades. El chofer simplemente pisó a fondo el acelerador y con el reclamo de los pasajeros la velocidad aumentó. “No traes animales”, le espetaron. Pero fue como arrear a la bestia tras el volante.

Entonces la “combi” tomó el carril de alta velocidad y, debido al mal estado de las llantas, muy pronto perdió el control. “Hubo un momento en que se escuchó un silencio total”, cuenta uno de los sobrevivientes. Después vinieron los lamentos, la sangre sobre el asfalto después de correr a 120 kilómetros por hora y estrellarse contra un árbol seco por el invierno.

El saldo inicial fue de siete personas fallecidas; cuatro mujeres y tres hombres, eran madres, abuelas, padres. Al comandante de la policía no lo reconocieron en un inicio ni sus propios compañeros, a María Guadalupe, sus hijas supieron que era ella por la biblia y los ganchos de tejer en su bolsa de mano. Doce personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona de Tlaxcala y Puebla. “Siento que Dios me salvó, no encuentro otra razón explicación”, me cuenta Aldo, de 30 años, padre de tres niñas y hoy con un futuro laboral incierto.

Según cuentan testigos, el chofer resultó ileso y antes de huir auxiliado por sus compañeros en otra camioneta de la misma ruta, se dio tiempo para tomar fotografías con su celular de la escena del crimen. Su familia lo ayudó a escapar y colgaron un moño negro en su casa para entorpecer las investigaciones periciales y confundir a una comunidad consternada.

A casi dos semanas de la tragedia, los familiares de las víctimas no han recibido ni una palabra de aliento o el pésame del gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, ni del de Puebla, Antonio Gali. Los familiares de las víctimas fatales y de los sobrevivientes se han enfrentado al desinterés de la Procuraduría General de Tlaxcala, encabezada por José Aarón Pérez Carro, quien apenas dos días antes de la tragedia había sido designado para el cargo por la LXII Legislatura de la entidad.

Difícil que el procurador de Justicia esté al tanto del actuar de la Ministerio Público a su cargo, sin la capacidad para integrar conforme a derecho la carpeta de investigación UIIXT/II/2018. Aunque debería saberlo.

Por ejemplo, la fiscal consideró que los familiares de las víctimas fatales no requerían la asignación de un asesor jurídico. Al dueño de la concesión de transporte público no lo han tocado ni con el pétalo de un citatorio.

Quienes cargan con el dolor de haber perdido a un ser querido o con la incertidumbre de tenerlo en el hospital son gente de clase media o baja que vive al día, que gana su salario a destajo, con nulas o pocas prestaciones laborales y han tenido que lidiar con la insensibilidad de Leonardo Luna Ramírez, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en Tlaxcala. Don Leonardo ofreció a los deudos bonos de descuento para adquirir ataúdes, siempre que se comprara con un negocio con el que la oficina de atención a víctimas tiene “convenio”.

Tlaxcala está de luto, los habitantes de este pequeño estado no recuerdan tragedia similar. Quieren la acción del gobierno y la justicia para que nunca más se repita un hecho fatal así.