La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada junto a otras 42 personas por actos de corrupción y este lunes fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, en una resolución emitida por el juez Claudio Bonadío, de acuerdo con medios locales argentinos.
En el procesamiento están el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y el ex secretario coordinador Robert Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, a quienes se les dictó la prisión preventiva y un embargo de cuatro mil millones de pesos para cada uno.
La lista de empresarios incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con similar embargo.
Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (vehículos, empleados, equipos de telefonía celular) y comandados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, actuaron entre los años 2003 y 2015.