La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) señaló que ante la falta de un Fiscal General de Justicia del Estado, por conflictos político-partidistas —ya que desde octubre de 2022 hay un encargado de despacho—, se revictimiza a las personas desaparecidas y a sus familias, al tiempo de que se debilita todo el sistema de justicia en la entidad.
Con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, las familias de Amores se unieron al llamado por la exigencia del derecho a la verdad, exigiendo “tener conocimiento pleno y completo del paradero y de los actos que sucedieron con nuestros seres queridos desaparecidos”.
Expusieron que el derecho a la verdad debe ser garantizado. Sin embargo, en Nuevo León “solo vemos la ausencia de investigaciones y la falta de sanción en los casos de desaparición de personas”, siendo que “la verdad es necesaria para reivindicar y honrar la memoria de quienes amamos y buscamos cada día”.
Declaró Amores que la búsqueda e identificación forense de personas desaparecidas es devolver la dignidad y el respeto, es avanzar hacia la verdad y acercarnos a la justicia.
Añadió que “en esta búsqueda de la verdad, nuestras familias han enfrentado múltiples obstáculos”.
Señaló Amores que en Nuevo León la situación viene empeorando ante la falta de un fiscal general, por conflictos políticos y partidistas que parecieran estar distantes al bienestar de la comunidad.