AMLO desconoce las funciones legislativas

El grupo parlamentario del PRI en el Senado rechazó que el presidente de la República hubiera dado instrucciones, mediante un memorándum, dirigido a tres secretarios de su gabinete, que anula la Reforma Educativa en vigor y a revisión en San Lázaro.

“Ante las amenazas” de parte del Ejecutivo federal de derogar la Reforma Educativa vigente, la bancada priista que coordina Miguel Ángel Osorio Chong subrayó que “cualquier intención unilateral de dejar sin efecto la disposición legal sería una abierta violación a la Constitución”.

El grupo sostuvo que “el presidente no posee facultades para abrogar reformas constitucionales ni legales, por lo que carece de toda legalidad el memorándum en el que instruye a los secretarios de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda que busquen los mecanismos para eliminar definitivamente de la Reforma Educativa”.

De llevar a cabo acciones contrarias a lo que establece la Constitución, el presidente y sus secretarios de gabinete “faltarían a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen”.

Es en el seno de las cámaras de Diputados y Senadores donde se debe plantear y discutir si continúa la Reforma Educativa y, en su caso, los eventuales cambios.

Oposición en contra de memorándum

Por lo anterior, diputados federales de los partidos de oposición aseguraron que el presidente López Obrador no puede abrogar la reforma educativa que se avaló en 2013, luego de que firmara un memorándum dirigido a tres secretarías de Estado donde les pide tomar medidas en ese sentido.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que los funcionarios que acatarán el memorándum cometerían el delito de corrupción, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal Federal, que establece que los servidores públicos coligados no pueden tomar medidas contrarias a la ley o para impedir su ejecución.

“El memorándum emitido por el presidente manda un pésimo mensaje: primero es un atentado al Poder Legislativo; segundo, deja claro que está siendo vencido por la corrupción de la CNTE, y tercero, olvida el interés superior de la niñez”, expresó el panista en redes sociales.

Senadores del PAN condenan orden

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado calificó de “unilateral y autoritaria” la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma educativa.

“Una decisión de ese tipo no sólo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, expresaron en un comunicado.

Los panistas externaron que si el presidente no está de acuerdo con las leyes vigentes, tiene la atribución de promover una reforma ante el Congreso de la Unión, “pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de regímenes despóticos”.

Someter a votación dictamen: PRD

Finalmente, la dirigencia nacional del PRD demandó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, que encabeza Morena, someter ya a votación del pleno el dictamen avalado casi por consenso para la reforma educativa, y honrar la independencia del Poder Legislativo, que no regrese la “presidencia imperial”.

Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirigencia Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, demandó que cada quien ejerza las facultades que la Constitución le mandate, “la del Congreso es legislar; la facultad constitucional del presidente es poder vetar, no que el presidente ejerza facultades meta-constitucionales y meta la mano en el proceso legislativo de otro poder”.

Eso –advirtió- es el regreso al pasado, ese “es el regreso a la presidencia imperial, donde el presidente decide qué leyes y cuáles no y puede mandar sobre los otros dos poderes. Eso es gravísimo para la República y la vida democrática de México”.

El llamado “es a que el Congreso no esté secuestrado por decisiones presidenciales, que actúe con autonomía”.

“Después vendrá la etapa en que el Poder Ejecutivo va a poder ejercer sus facultades constitucionales y si no le gusta una reforma no la promulga, la veta, y regresa al Congreso”, afirmó.

“Pero sólo es en ese momento cuando el Poder Ejecutivo va a poder opinar sobre una ley que está redactando otro poder independiente”, dijo.