El lamentable secuestro y posterior asesinato de Camila, de 8 años, en Taxco, Guerrero, en plena Semana Santa, reafirma el calvario que vive la infancia en México como consecuencia de la terrible violencia generalizada que azota el país.
No fue, desafortunadamente, el único caso. Otra niña de 7 años fue secuestrada el pasado 24 de marzo en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, y su cuerpo, sin vida, fue hallado horas después, al parecer, ultrajado sexualmente.
Sin bien en ambos eventos los presuntos responsables ya fueron detenidos, quedó en evidencia el fracaso de los protocolos existentes para prevenir la violencia contra niñas y mujeres, así como la ineficacia de las autoridades para implementar la búsqueda en las primeras horas cruciales para encontrar con vida a las víctimas.
El de Camila es un ejemplo fehaciente. Fueron sus familiares quienes se movilizaron para ubicar cámaras a través de las cuales pudieron confirmar que la niña llegó y nunca salió con vida del domicilio de los supuestos victimarios.
De inmediato, familiares y vecinos rodearon la casa para que los presuntos responsables no pudieran huir. Pasaron horas y la orden de aprehensión que tendría que haber emitido la Fiscalía General del Estado (FGE), no llegó.
Indignada, cansada y enfurecida una turba linchó a quienes señalaban ser los autores del crimen. Ocho elementos de la Policía Municipal de Taxco no pudieron evitar la agresión. El apoyo policiaco nunca llegó, lo que terminó en la muerte de una de las involucradas, Ana Rosa “N”.
De tal manera que la reacción de las autoridades no solo fue tardía e inoportuna, sino insensible. De hecho, Doroteo Eugenio Vázquez, secretario de Seguridad del municipio, responsabilizó a la madre de Camila por “omisión de cuidado”.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado reaccionó hasta 24 horas después de los hechos condenando el secuestro y asesinato de la pequeña y afirmando que el Protocolo Violeta fue activado de manera inmediata, lo que desencadenó un “importante” operativo para su localización. Aunque, en realidad, fueron los familiares y vecinos quienes ya habían dado con los supuestos autores del secuestro y homicidio.
El Protocolo Violeta al que hizo referencia la gobernadora entró en vigencia el 22 de julio de 2022 y tiene como objetivo general “fortalecer las tareas de protección, atención y erradicación de la violencia, en todas sus formas y dimensiones, hacia niñas, mujeres adolescentes y mujeres”; el cual, evidentemente, no se cumplió, ni en el caso de Camila ni en los 31 feminicidios ocurridos en el estado en lo que va de 2024, de acuerdo con la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres (AGCVIM).
La violencia contra niñas y niños en México está imparable ante la omisión de las autoridades. La Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que en enero de 2024 se registraron a nivel nacional 2,759 delitos contra personas de cero a 17 años. Seis de ellos fueron feminicidios y 73 homicidios dolosos.
En el marco del proceso electoral, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes deben colocarse en el centro de la discusión, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Lo primero que debe hacerse es revertir las decisiones lesivas del actual gobierno en detrimento de estos derechos.