A finales de 2020, durante los oscuros días de la pandemia, el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció un fondo de emergencia por tres mil 200 millones de dólares para ayudar a los estadounidenses a pagar el servicio de Internet. Un año después, ya bajo la presidencia de Joe Biden, a través de una iniciativa bipartidista del Congreso, este fondo se convirtió en un programa social: The Affordable Connectivity Program, que amplió el presupuesto a 14 mil 200 millones de dólares que han sido destinados para dar conectividad a más de 23 millones de hogares con bajos ingresos.
Chile, uno de los líderes en conectividad de América Latina, cuenta con diversos subsidios para llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas más alejadas del país y a grupos vulnerables de la sociedad. Por su parte, España cuenta con un programa financiado por la Unión Europea para ayudar a conectar a los habitantes de zonas rurales remotas. Las acciones de estos gobiernos no son fruto de la coincidencia: la conectividad digital es clave para alcanzar un futuro sostenible, así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como meta “aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet”, ya que esto constituye un elemento esencial para el desarrollo económico y el bienestar humano.
En este sentido, al igual que en otros países, en México también se está haciendo lo propio. Existe un nuevo programa social que el gobierno federal ha puesto en marcha para fortalecer el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las personas con menos recursos.
El programa “Conectividad para el Bienestar” consiste en el otorgamiento de una tarjeta SIM –que brinda un paquete de telefonía celular e Internet sin costo durante 12 meses– a la población de localidades con alto rezago social, así como a quienes son beneficiarios de programas sociales por no contar con ingresos suficientes para subsistir; este grupo representa a poco más de cuatro millones de mexicanos que viven con las mayores desventajas económicas.
De forma adicional al lanzamiento de este programa, se realizó una importante autorización por parte del órgano regulador: anteriormente la empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT) no podía prestar sus servicios en las comunidades que contaran con cobertura 3G, al considerarlas como localidades con conectividad; sin embargo, ahora el parámetro será la cobertura garantizada de 4G. Esto implica que CFE-TEIT expande su alcance para llevar sus servicios sin fines de lucro a un mayor número de localidades, lo que representa una gran noticia para la inclusión digital.
Una preocupación que se originó a partir de estas medidas fue la relativa al principio de neutralidad a la competencia, que es la obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública. Hay a quienes inquieta que estas acciones puedan generar un impacto negativo en los mercados comerciales de telecomunicaciones. No obstante, el análisis técnico del órgano regulador es claro: no existe una afectación al citado principio. En primer lugar –se expone en la resolución–, porque la población objetivo del programa no cuenta con recursos económicos para adquirir servicios comerciales, por lo que de hecho no forma parte de la demanda de las empresas de telecomunicaciones. En segundo lugar, porque el programa social no contraviene lo estipulado en algún acuerdo o tratado comercial, incluyendo el T-MEC. En tercer lugar, porque los servicios de CFE-TEIT representan sólo una alternativa adicional; nadie está obligado a recibir estos servicios y no existe restricción alguna para quien desee acudir con la empresa de su preferencia. Y finalmente, porque al respecto, el órgano regulador reforzará las medidas de supervisión y transparencia.
Con estas acciones se les dará conectividad a las mexicanas y mexicanos que actualmente se encuentran en graves condiciones de desigualdad. Hombres y mujeres tendrán una nueva vía de acceso a la información, al conocimiento, a la atención médica, al empleo y a la democracia participativa. Un acto de inclusión y de justicia social.
Una potencia emergente como México no debe quedarse atrás frente al resto del mundo, por eso, al igual que se promueven en Estados Unidos, Chile, España y muchos otros países, resulta indispensable la implementación de políticas públicas para no dejar a nadie fuera de la sociedad del conocimiento.