Para el actual gobierno, el complejo penitenciario Islas Marías, con más de 100 años de operación, representa un gasto oneroso anual de 727 millones de pesos, lo que lo llevó a tomar la decisión de darle otro uso.
El penal tiene capacidad para cinco mil 106 presos, y actualmente sólo alberga 659, cuyo costo individual diario es de dos mil 885 pesos, equivalente a 86 mil 565 pesos mensuales por cada interno, según cálculos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
“La decisión de concluir la actividad obedece a que genera mayor gasto que beneficio, ya que resulta oneroso e inviable financieramente mantener un régimen de internamiento obsoleto, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, refirió la dependencia.
Además, informó, se consideró la situación en la que se encuentra el complejo, integrado por las islas María Madre, María Cleofas y María Magdalena, debido a los daños de los huracanes que han azotado la zona.
Precisó que el paso del huracán Willa, en octubre de 2018, afectó la red de energía eléctrica, barreras físicas, muelle, caminos, inmuebles, red de abasto de agua potable e infraestructura tecnológica, daños que se estiman en alrededor de tres mil millones de pesos.
“También, para que los familiares puedan visitar a los internos deben destinar una considerable cantidad de dinero para traslado, alimentos y hospedaje, para llegar hasta el barco de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que los traslade a la isla”, expuso.
“La decisión también valoró que se trata de un modelo carcelario del siglo XIX, un sistema del periodo considerado como Porfiriato, utilizado para recluir y reprimir opositores, el cual trascendió y continuó por décadas, con el uso de apandas, grilletes y trabajos forzados, fundamentalmente en las salinas, bajo condiciones inhumanas”.
La SSPC señaló que las Islas Marías serán convertidas en un centro de educación ambiental y no podrá dársele un uso distinto que los compatibles con la conservación y protección de los ecosistemas y fomento de la educación ambiental.
La decisión generará un ahorro de más de 727 millones de pesos; los 659 internos serán reubicados en los diferentes penales federales y estatales del país.