Derecho a una vida libre

Entre los múltiples enfoques relevantes desde los que se puede abordar el Día Internacional de la Mujer, destaca uno que es hoy el más urgente: la creciente e inaceptable violencia en contra de las mujeres en México.

Desde hace años era grave: en medio del entorno general de inseguridad, era evidente que la violencia de género iba en aumento: veíamos levantarse una ola de sombra y sangre, crecían los testimonios, las cifras, los casos indignantes. Nuestra respuesta ha sido insuficiente. Porque frente a nosotros la violencia en contra de las mujeres sigue creciendo y todos, indignados o indiferentes, alarmados o apáticos, lo atestiguamos. Nos asombraba, con razón, el dato de 2 mil 746 asesinatos de mujeres en 2016, lo que arrojaba un promedio de siete cada día, pero ahora 2018 nos coloca abruptamente frente a nuestra indolencia o incapacidad: en ese año, la cifra ascendió a 3 mil 580, un incremento de 30 por ciento en dos años que eleva por primera vez el promedio diario de víctimas a 10. Se materializa así, de manera trágica, la pesada inercia de tantos años de violencia de género.

En 2017, el Inegi reportó que entre 2007 y 2016 fueron privadas de la vida 22 mil 482 mujeres, lo que equivalía a una agresión mortal cada cuatro horas. La cifra de 2018 nos remite una víctima cada dos horas y cuarenta minutos. ¿Qué es más sorprendente: el notorio incremento de la violencia, la crueldad y el número de víctimas, o que hayamos visto este crecimiento desde la parálisis?

Como país nos dimos, a través de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un mecanismo que supusimos eficaz: la Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres. Sin demeritar el esfuerzo de nadie, los hechos dicen que no ha funcionado. Para empezar, habría que buscar la forma de reducir el periodo desde la solicitud hasta la declaración de alerta, cuyo promedio es de 18 meses y ha llegado a ser de 30. Desde 2015 a la fecha se han emitido 18 de estas alertas, que abarcan 200 municipios en 17 entidades, y la violencia de género no ha disminuido.

Tomando en cuenta que hay solicitudes en proceso para la CDMX, Puebla y algunos municipios del Estado de México, y que se han resuelto como no procedentes ocho solicitudes de igual número de estados, queda claro que desde que fue institutida la AVG, sólo cinco entidades no la han solicitado. Esta es otra forma de ilustrar la dimensión de la avalancha de agresiones en contra de las mujeres.

Más hechos confirman esta espiral de violencia: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2019 el 911 recibió 12 mil 579 llamadas para pedir apoyo por situaciones de violencia (405 cada día). En ese mismo mes, el 911 recibió 49 mil 796 llamadas por hechos de violencia familiar (mil 606 al día), y 22 mil 444 llamadas por incidencias de violencia en pareja (724 cada día).

Así, las mujeres en México se sienten tan amenazadas e indefensas que cada 30 segundos una de ellas marca el 911 en busca de ayuda. La ola de agresiones es tan extensa, que incluso percibimos como buena una noticia alarmante: durante enero de 2019, sólo en Campeche, Durango y Yucatán ninguna mujer fue asesinada.

Antes de la más reciente cresta de violencia, la Cepal reportó que en México hay 4.5 feminicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta en el Continente Americano, sólo superada en El Salvador y Honduras. En los otros países nuestra pesadilla sería inconcebible: 0.4 en Chile, 0.6 en Perú, 1.1 en Argentina, 2.5 en Guatemala.

La situación demanda determinación y eficacia. Es inadmisible reducirnos a atestiguar lo que tanto lastima a las víctimas, a sus familiares, a las mujeres en general y a toda la sociedad. Ya no cabe tampoco lamentar o condenar. Esas declaraciones son vacías si nos les damos contenido. Asumir que tantas y tantas mujeres son víctimas de acoso, hostigamiento, humillaciones, maltrato, secuestro, violación y feminicidio debido a que la violencia general crece, es una coartada para evadir responsabilidad. Al margen del contexto, o precisamente por él, tenemos que comprometernos con metas periódicas de reducción de violencia de género por todas las vías, entre otras, empoderar a las mujeres, multiplicar sus oportunidades, mejorar la prevención, evitar las agresiones, acabar con la impunidad.

Las mujeres no sólo tienen derecho a una vida libre de violencia, sino también a una vida libre de miedo e incertidumbre.