En este Proceso Electoral Federal y Local 2023-2024 la ciudadanía se enfrenta al reto de emitir un voto libre de desinformación, infodemia o “fake news” electoral, es decir un voto libre e informado en el mundo de la posverdad.
La desinformación electoral son acciones que buscan influir de manera negativa en el comportamiento de la ciudadanía, mediante la difusión de información engañosa o claramente falsa; el impacto puede manifestarse en diferentes magnitudes para desacreditar el trabajo de las instituciones electorales, las etapas de una elección y su ámbito de responsabilidad.
La política de la posverdad ofrece elementos de análisis sobre el proceso de desinformación electoral, al difundir contenido que no tiene bases formales, además, se fundamenta o se dirige a los aspectos emocionales de las personas receptoras del contenido.
En este sentido, nos enfrentamos a uno de los aspectos que contribuyen a la perdida de objetividad y veracidad en las instituciones electorales. Este fenómeno es difícil de detectar ya que individualmente rodea y traspasa en todos los límites, de cerca y de lejos se convive con sus efectos.
Se vive interconectados e hiperconectados, en un espacio donde la difusión de acciones de desinformación sucede de manera casi instantánea, resultado de hábitos de consumo de plataformas y redes sociales.
Los objetivos pueden variar, desde favorecer a candidatos/as o partidos políticos, desacreditar a rivales o instituciones, hasta polarizar a la sociedad o movilizar a segmentos específicos.
¿Qué pasa si a esto se le agrega el mal uso de medios digitales? La era digital ha provocado una transformación en los hábitos de consumo de información.
La rapidez para crear y consumir contenidos dejó de ser una herramienta eficaz para compartir conocimiento y convertirse en un instrumento que puede manipular la información según la conveniencia de su creador, el cual, puede impactar a personas jóvenes y adultas, de cualquier sector social.
Se podría ser simplistas sobre la responsabilidad de la desinformación señalando al medio de comunicación o red social como el responsable de iniciar su difusión. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre el propio papel al compartir contenido no verificado. Al difundir noticias incorrectas, falsas o malintencionadas, nos convertimos activamente en parte del problema en lugar de contribuir a la solución. Por tanto, es nuestra responsabilidad verificar la información que compartimos en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como al reenviar cadenas o imágenes a través de WhatsApp.
Otro factor que no se conocía en las pasadas elecciones de 2018 y que ahora tiene mayor relevancia es el uso de la Inteligencia Artificial (IA), una herramienta con mucho potencial, de la que se comienza a conocer sus efectos, y sin contar con una regulación en el marco jurídico nacional.
Actualmente, basta con ingresar a un generador de audio para clonar la voz de una persona y atribuirle dichos, ideas o posicionamientos que en ningún momento precisó, por ello es imperativo que como ciudadanas y ciudadanos contrastemos la información que nos llega.
Toca a todos, sociedad, gobierno, partidos políticos, candidatos y medios de comunicación a actuar con ética y corresponsabilidad para que todas las personas cuenten con los elementos informativos que den certeza para emitir su voto conforme a sus intereses o convicciones, en un marco de cultura cívica y conforme a los principios democráticos de una sociedad del conocimiento.