Desplazadas. Mujeres periodistas bajo amenaza
De 2010 a 2018, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha registrado mil 140 investigaciones por violencia contra periodistas. El Universal

La periodista intenta engañar a los enviados del cártel de Sinaloa. Les oculta dos paquetes del periódico impreso “La Pared Noticias”, que contiene la entrevista con Dámaso López Núñez, entonces jefe del grupo de “Los Chapitos”, que disputan el liderazgo de la organización criminal.

Los jóvenes le reclaman los ejemplares restantes de la edición del 21 de febrero de 2017. Cynthia Valdez García, codirectora de “La Pared Noticias”, con sede en Culiacán, Sinaloa, lugar de origen de la organización criminal, claudica y los entrega. Le angustia que los delincuentes posean información editorial: cuántos ejemplares imprimen y en qué imprenta. La tenían vigilada.

Es la primera amenaza que recibe del Cártel de Sinaloa. En los siguientes tres meses acumula intimidaciones. Es hostigada por otro emisario, director de un medio de comunicación de la misma localidad. La exigencia de no publicar información viene acompañada de la amenaza de muerte. Valdez García está en el fuego cruzado de la guerra interna que registró el cártel en 2017, luego de la extradición de su líder Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos. “Siento que estoy escribiendo con una pistola en la cabeza”, expresa.

Valdez García recibe la advertencia final el 15 de mayo de 2017, cuando asesinan en Culiacán a su colega Javier Valdez Cárdenas, al salir de la redacción del semanario “Ríodoce”. Piensa que los criminales van a silenciarla. Decide escapar de sus agresores. Dos días después, toma un vuelo con su esposo y deja a sus tres hijos con su familia. No sabe cuándo volverá a verlos.

En México hay al menos nueve mujeres periodistas en desplazamiento forzado y tres más exiliadas, considera Adriana Ramírez Vanegas, responsable de Redes de Periodistas, Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

Detalla que los agresores son principalmente alcaldes, gobernadores, servidores públicos y miembros del crimen organizado, quienes las obligan a abandonar su profesión, casa, familia, amigos y colegas.

Durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018, CIMAC contabilizó 553 casos de violencia contra mujeres periodistas. Seis fueron feminicidio, precisa el informe del organismo no gubernamental “Mujeres desplazadas. Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento, violencia contra mujeres periodistas 2012-2018”.

Las principales formas de violencia son los actos de intimidación, con 19.56% del total; amenazas, con 13.39%; hostigamiento, con 11.51%; agresiones físicas, con 10.15%; bloqueo informativo, con 8.69%; campañas de desprestigio, con 7.22%, y el uso desproporcionado de la fuerza pública, con 6.28%. Estas agresiones son consideradas como ataques contra la libertad de expresión.

Ramírez Vanegas resalta que el desplazamiento forzado afecta el entorno de la periodista y el de su familia. “Las consecuencias son en todos los niveles de vida. Es una decisión muy complicada porque tienen que cortar todas las relaciones, desde su familia, desde amistades, desde el trabajo. También es abandonar una estabilidad familiar. La primera consecuencia es tener que cargar con esa culpabilidad y la responsabilidad de salvaguardar a la familia”, dice al ser entrevistada.

Esta medida las obliga asimismo a renunciar a su trabajo, aminorar sus ingresos y reducir su calidad de vida, expone la activista.

Cuando CIMAC emite la alerta por la agresión que sufrió, su hija interrumpe la comunicación. La periodista Mayra Cisneros Reyes, de 49 años, tiene grabada en la memoria las palabras de su única hija viva: “Te dije que a mis hijos no los metieras y ya no quiero saber nada de ti”, es el mensaje que recibe vía Whatsapp.

El 26 de junio de 2018, durante el proceso electoral en Coahuila, la reportera difunde una nota en la estación de radio La Poderosa, que se transmite en Frontera, municipio fronterizo con Estados Unidos. Describe que el cierre de campaña del alcalde Florencio Siller Linaje, quien buscaba la reelección por el PRI, terminó anticipadamente ante la poca asistencia de simpatizantes.

“Me habló muy molesto, diciéndome que no era posible que no entendiera que el PRI tenía el poder y que no tenía que dar oportunidad a otros partidos”, detalla. “Me empieza a amenazar y decirme que no sé de lo que es capaz y que va acabar conmigo en todos los sentidos. Y un montón de obscenidades”.

El político, añade, la hostiga. Pide que la despidan, la acosa con campañas de desprestigio en redes sociales, llamadas a su celular y vehículos que circulan frente a su domicilio. La privan de su libertad, la golpean y la amenazan. Siller Linaje le arrebata la vida que construyó: su familia, profesión y hogar. “Me arrebató todo. No tengo ni la satisfacción de oír a mi hija ni de saber de mi familia, porque mi familia tiene tanto miedo que me han pedido que ni les hable… mi mamá me dice que si algo les pasa, será mi culpa”, expone.

Cisneros Reyes está refugiada en Europa. El Océano Atlántico la separa de su agresor. Quiere regresar a casa y reencontrarse con su hija y nieto, pero el gobierno mexicano es incapaz de garantizar su retorno seguro.

De 2010 a 2018, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha registrado mil 140 investigaciones por violencia contra periodistas.

Ciudad ajena

Hace dos años que Cynthia Valdez está refugiada en una ciudad ajena. La vida transcurre diferente a lo acostumbrado. No siente el ajetreo de la cobertura de información, o la cercanía de su familia y amigos.

En lo personal, ha lidiado con la secuela sicológica que le dejó el hostigamiento. Como esposa y madre, se ha culpado por los reclamos de su esposo y tres hijos que quieren regresar a casa. “No sólo somos periodistas, somos madres de familia. Necesitamos un apoyo integral para nuestros hijos porque aquí el principio que se está violando, y que es un derecho primordial de los niños, es la educación y el mecanismo no te proporciona eso porque dentro de la ley argumentan que no les compete”, señala.

Está cansada de que la llamen desplazada. También quiere complacer a su familia y volver a casa, aun cuando sus hostigadores vivan en Culiacán.