Una vez más, la semana pasada, el país fue sacudido con la noticia de una nueva masacre ocurrida ahora en la ciudad de Minatitlán: catorce personas —entre ellas, un bebé de un año— fueron acribilladas a balazos en un salón de fiestas de esa ciudad del estado de Veracruz. Apenas el pasado mes de marzo, otra ejecución masiva ocurrió en un centro nocturno de la ciudad de Salamanca del estado de Guanajuato, con un saldo de 15 personas muertas. Imposible no traer a la mente el recuerdo de hechos tan dolorosos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, San Fernando y, cuántos etcéteras más. Parece, pues, el cuento de nunca acabar.
Si nos ponemos a analizar todo lo que se ha venido diciendo después de los hechos de Minatitlán, tanto por autoridades como por algunos comunicadores, pareciera que lo más importante es la contabilidad de las víctimas y a qué partido político o a qué gobernante se le carga la responsabilidad. El dolor que provocan estas masacres entre los deudos y en la sociedad entera, parece pasar a segundo término. Las víctimas de la violencia desatada por las bandas criminales siguen en aumento y, las autoridades no parecen estar muy preocupadas.
En México a veces pensamos que los graves problemas nacionales pueden resolverse simplemente con actos de voluntad de los gobernantes, que la mayoría de las veces, están más preocupados por las percepciones y la comunicación que por dar solución de fondo al problema de la inseguridad. Hace falta un proceso de reflexión nacional en el que todos tenemos mucho que aportar. Por lo menos tres temas deben de ser parte de ese proceso:
El primero, es la urgente necesidad de transformar de raíz nuestro sistema de justicia. El dolor de México, la herida que ha estado abierta durante muchos años, es la ausencia de instituciones confiables que protejan a los inocentes del abuso y castiguen a quien viole la ley. Minatitlán no es más que el más reciente caso en el que un poder fáctico, sin otra ley más que la violencia irracional, lastima a la sociedad. Es hora de poner fin a esos poderes que amenazan nuestra viabilidad como nación.
El segundo tema es el blindaje de nuestras instituciones contra el poder corruptor del crimen organizado. Cuando hemos visto cómo funcionarios públicos: gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces, han claudicado, por temor o por contubernio ante el poder del crimen organizado, es hora de tomar medidas urgentes y contundentes. Ahora que el nuevo gobierno ha optado por modificar la Constitución para crear la Guardia Nacional como una institución permanente que se encargue del combate a la inseguridad, es el momento oportuno para blindarla ante cualquier intento de cooptación por parte del crimen organizado.
El tercer tema es la necesidad de unir esfuerzos en esta tarea más allá de intereses particulares. No es fácil, cuesta trabajo, pero hoy que enfrentamos una crisis nacional, es indispensable que los esfuerzos no se vean limitados por cálculos políticos para que realmente se vaya a fondo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y, además, se debe contar con la participación de todos los actores de la sociedad. Si queremos algún día contar con instituciones que puedan aplicar la ley y garantizar la seguridad y la convivencia social pacífica, no hay espacio para regateos.
Lo que hoy vemos es el resultado de muchos años de abandono y negligencia. Algunas regiones del país pasan por el peor momento de su historia en términos de violencia. La autoridad tiene que llenar los vacíos que ha ido dejando por largo tiempo y no permitir que sean ocupados por otros intereses. La situación es límite y requiere de la suma de esfuerzos de todos los sectores: gobiernos y sociedad deben comprometerse con la reconstrucción del tejido social, tan afectado por la corrupción y la impunidad.