La institución del derecho de asilo es, quizás, la más antigua de la que se tiene conocimiento. En Mesopotamia, los perseguidos por delitos del orden común podían llegar al templo del Dios Asilo en donde eran protegidos por los sacerdotes de esta deidad; en la Edad Media, se protegía a los perseguidos por delitos del orden común; los monarcas europeos no protegían ni querían que sobrevivieran quienes atentaban contra las monarquías o contra los soberanos mismos.
En el siglo XX, el prestigio indiscutible que tuvo México en el ámbito internacional se debió, entre otras cosas, a su defensa irrestricta del derecho de asilo. Ya desde el siglo XIX, México sirvió de refugio para millares de europeos, sudamericanos, así como diversos líderes latinoamericanos; hay ejemplos por demás dolorosos por las discrepancias entre las opiniones de los países aislantes y quienes expulsaron a sus ciudadanos. Son famosos los casos de Haya de la Torre, el del presidente Cámpora y el de su hijo en la embajada de México en Buenos Aires.
El derecho internacional sostiene que todo individuo que no es protegido por el Estado que en principio debía hacerlo, puede y debe buscar refugio en otro que sí lo haga y que le permita no sólo salvar la vida, sino desarrollarse plenamente. Estas normas han precisado diversos procedimientos y mecanismos para otorgar los asilos y lograr su salvaguarda fuera de los locales diplomáticos, hasta obtener su salida del país donde corre peligro.
Independientemente de los errores que haya habido, tantos que un mal pensado podría imaginar que han sido intencionales para crear un aura de patriotismo exacerbado en vista de las próximas elecciones, en ningún caso y por ningún motivo se justifica la detención de un individuo acogido por la protección de otro Estado y, mucho menos, allanar una misión diplomática con lujo de fuerza en contra y en violación no solo de la normatividad internacional, sino de la mera cortesía diplomática.
Lo sucedido entre México y Ecuador es un elemento más que preocupa a los que creen en el derecho, a los que piensan que los mecanismos jurídicos pueden resolver los problemas y que el diálogo es la mejor forma de solucionarlos.
Ojalá esta preocupación sea solo eso, una preocupación sin consecuencias a una escala mayor.