No sólo descalifica y divide, sino también toma decisiones con consecuencias perjudiciales para el país. Veamos cinco decisiones: a) cancelación del Aeropuerto en Texcoco que dañará gravemente al crecimiento del país; b) las estancias infantiles que canceló la posibilidad de miles de familias de tener una empresa que ayudara a otras tantas mamás para trabajar y que a más de 200 mil niños se les cancelará totalmente una educación inicial; c) el desprecio a las energías renovables y el regreso a la producción de carbón; d) la construcción del Tren Maya que es inviable financieramente y cuyo costo se ha multiplicado en los estudios y han pasado de 120 a casi mil millones (¡tan sólo los estudios!, todavía falta la obra) y que contra lo que dice el presidente —que no se talará ningún árbol— los documentos oficiales ya hablan de deforestar 750 hectáreas de selva, una superficie más grande que todo el bosque de Chapultepec; y e) la implementación de una política de precios de garantía para el maíz y otros productos que en el pasado han resultado en un rotundo fracaso, no sólo por el interminable volumen de subsidios ineficientes sino también por la distorsión que genera en la economía agrícola que ahora es superavitaria gracias a productos como hortalizas y aguacate que tienen más valor agregado por hectárea. Claro que hay mucho qué agregar, en los cien días de gobierno escribí, en este diario, el mismo número de malas decisiones.
Todo eso desespera, apabulla, acosa, deja a muchos con poca capacidad para actuar en algo que permanezca un poco más allá de los buenos ejercicios ciudadanos a través de redes o como la exitosa marcha de ayer domingo 5 de mayo.
Que tenemos que actuar, no hay duda. Y sobre todo porque cada mala decisión lleva consigo lo que realmente preocupa: el discurso de odio.
Utiliza, claramente, un discurso de odio que polariza y divide. Desde el primer día del gobierno, Andrés Manuel habló de conservadores, neoliberales como sus adversarios.
Y no ha parado en descalificar y acusar a personas, empresas, instituciones. Y los insultados y agredidos, en gran mayoría, también mexicanos, por lo que es clara la intención de dividir. Si el discurso de odio en sí mismo es peligroso, lo es mucho más si se dirige desde el poder.
El Estado no debe ser neutral ante el discurso de odio, tiene que usar su fuerza política y retórica para prevenirlo y en caso de que surja, condenarlo; pero en nuestro país, el discurso de odio no viene de un candidato, ni de un grupo, viene del Estado. Ese es el problema.
Contra el discurso de odio, todos debemos actuar. Si los diferentes actores sociales son responsables de combatir el discurso de odio, con mayor razón son responsables de condenarlo quienes hemos decidido libremente dedicarnos a la cosa pública.
La política es servicio a la sociedad. ¿A caso hay mayor traición a esta encomienda que la de dividir a la sociedad con odio?