En abril de 2017 se aprobó en el Congreso mexicano una reforma para regular el uso de cannabis con fines medicinales. Para ponerla en marcha, el Congreso ordenó al Ejecutivo que hiciera los cambios normativos reglamentarios necesarios. Más de un año después, el Ejecutivo, a través de la Cofepris solo logró emitir unos lineamientos en materia de control de la cannabis que se quedaban cortos frente a los cambios normativos necesarios. El mes pasado, esos lineamientos fueron revocados por la nueva administración por no cumplir con la reforma legal de 2017. A la fecha, la mayoría de los pacientes que requieren de medicamentos elaborados con cannabis siguen sin acceso a tratamiento.
En marzo de este año se aprobó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Esta obliga al congreso a expedir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional así como la Ley General de Registro de Detenciones y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. La semana pasada inició formalmente la discusión de estas normas secundarias que regularán el actuar de los integrantes de la Guardia en el país. A pesar de que estas normas aún no se aprueban, hace unos días el presidente López Obrador anunció el inicio de operaciones de la Guardia en Minatitlán, Veracruz, (con más de mil elementos) y despliegues subsecuentes en otras partes del país. De acuerdo con el diario Reforma, los “nuevos” elementos de la Guardia son soldados a quienes, sin adiestramiento en seguridad pública, simplemente se les colocó el distintivo de la Guardia en forma de brazalete. En otras palabras, la Guardia Nacional es el Ejército con otra etiqueta, contrario al mandato constitucional de crear una nueva institución netamente civil.
Si bien es cierto que la reforma prevé que la Guardia sería constituida a partir de la entrada en vigor de la reforma, eso no autoriza a hacerla una simple etiqueta en el brazo de los militares. Además, la reforma estableció un mecanismo para que el presidente pueda, durante 5 años, hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública «en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial». La Constitución contempla, pues, un periodo transitorio para usar el Ejército y Marina en caso de ser necesario.
Es desconcertante que en lugar de usar la medida extraordinaria para disponer del Ejército y Marina y tomar el tiempo necesario para formar una institución civil profesional —con elementos capacitados para la seguridad pública y con reglas claras— se haya optado simplemente por cambiar el brazalete de Policía Militar por el de Guardia Nacional, dando arranque al proceso de construcción institucional en forma trunca e improvisada. La reforma puso todo para crear algo realmente nuevo: una institución policiaca civil y federal. López Obrador está eligiendo dar continuidad al proyecto de Calderón y Peña Nieto: simplemente sacar al Ejército a las calles, con etiqueta nueva.
La diferencia en reacciones ante el entramado normativo pone en evidencia cómo la autoridad entiende la ley en México y muestra el porqué de nuestro precario Estado de Derecho. Si se trata de garantizar medicamentos para pacientes que requieren de marihuana medicinal, la falta de reglamento es una excusa para no actuar y dejarlos en el desamparo que la reforma legal pretendía resolver. Esto, a pesar de que existe fundamento constitucional y un mandato legislativo claro. En contraste, el despliegue de militares que no están preparados para realizar tareas de seguridad pública se lleva a cabo, a pesar de un mandato constitucional contrario y que no existe aún un mandato legislativo que regule su actuación. El mensaje es claro lo que diga la Constitución (y la ley) poco importa, lo que importa son los deseos del Presidente en turno.