En un dramático escenario de hambre —más de cinco millones de haitianos bajo inseguridad alimentaria— y en una hoguera de miedo, anarquismo, violencia, terrorismo y caos, Haití continuó esta semana en su ruta imparable de desesperanza y creciente resentimiento con las principales metrópolis de la comunidad internacional, por su inacción ante la más grave crisis humanitaria y política en América del siglo XXI.
Con presencia lejana o esporádica en la atención real de los núcleos centrales del poder mundial, la crisis haitiana avanzó sin salida, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continuó atrapada en el dilema de ejecutar el acuerdo que adoptó el 2 de octubre de 2023 de enviar al país una fuerza multinacional de seguridad de un año de duración y liderada por Kenia.
“La población haitiana, en el holocausto, no es la prioridad de nadie. Nueva York, Washington, Bruselas están ocupados con otras cosas”, publicó el martes el periódico “Le Nouvelliste”, uno de los principales medios de Haití. “Las pandillas, aliadas de algunos políticos y anarquistas, están escupiendo fuegos infernales en el área metropolitana de Puerto Príncipe”, la capital, narró.
“Haití ha caído en los últimos meses en un verdadero cataclismo”, afirmó la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para América de la (no estatal) Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) de París. “A la violencia ya existente se agregó la voluntad de las bandas criminales de hacer caer al gobierno y amenazando con una guerra civil. Más de mil 500 personas han sido asesinadas en los últimos tres meses. Más de 50 mil personas se desplazaron internamente, huyendo de la capital”, dijo Reyes.
Al recordar que “hay crisis socioeconómica y hambre con violencia”, explicó que “ante eso, la comunidad internacional parece sumamente pasiva. Se requiere un fuerte embargo de armas [sobre Haití]. Las armas siguen llegando y creando esta violencia letal”.
La crisis generalizada de Haití, que se intensificó en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, se agravó en 2022 y 2023. Sin reales opciones democráticas vía electoral e institucional, Haití se hundió en 2024 en uno de sus más complicados conflictos del siglo XXI, con sangrientas pandillas paramilitares que este año pactaron apoderarse de la capital y otros centros urbanos en una secuela de muerte, terror y parálisis nacional.
La ONU reportó que la violencia criminal en Haití, en 2023, dejó unos 4 mil 789 asesinatos de ambos sexos, con unos mil 500 en el transcurso de este año y un pánico en un incontenible éxodo tanto interno como externo.
Un acuerdo que continuó sin ejecutarse determinó en marzo anterior que el primer ministro, Ariel Henry, aceptó dimitir y entregar el gobierno “inmediatamente después” de instalarse un Consejo Presidencial de Transición. Con Henry fuera de Haití, desde febrero pasado y ese pacto sin cumplirse, el vacío atizó la zozobra.
En un país de unos 11 millones 700 mil habitantes, 43 % o cinco millones equivalió a la población que cayó “a niveles agudos de inseguridad alimentaria”, e incluyó a uno de cada dos niñas, niños y adolescentes o un millón 900 mil menores, informó Save the Children, institución global no estatal de defensa de la niñez. El 20 % de familias capitalinas está “al borde del hambre”, precisó a este diario. La violencia armada convirtió a zonas urbanas de Haití “en campos de batalla” y desplazó a “más de 360 mil personas”, alertó.
Unas 200 mil niñas, niños y adolescentes más “se verán sumidos en una situación de hambre aguda entre marzo y junio”, y el total subirá “a casi dos millones”, anticipó a este diario la canadiense Chantal Sylvie Imbeault, directora de Save the Children en Haití.
Critican represión en Dominicana
Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de derechos humanos en Londres, denunció el martes la represión migratoria racista en República Dominicana, vecina de Haití por el este, contra haitianos al expulsar a más de 250 mil, solo en 2023. Exhortó al gobierno dominicano a “poner fin a las violaciones de derechos humanos” de personas haitianas, dominicanas de origen haitiano y personas negras por sus “políticas migratorias de facto racistas”. La abogada chilena Ana Piquer, directora para América de AI, exigió: “Los retornos forzados [de haitianos] a Haití [desde República Dominicana] deben cesar”.
El gobierno dominicano deportó incluso a haitianos urgidos de “protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de República Dominicana y ponen en riesgo los derechos de estas personas”, acusó. Ante la denuncia de AI, la Dirección de Migración de República Dominicana argumentó ayer que actúa apegada al respeto a los derechos humanos.