Las cifras oficiales no mejoran en el tema de seguridad: a nivel nacional, en marzo de 2024, 61 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según el más reciente reporte del Inegi sobre seguridad pública urbana.
Este dato es estadísticamente significativo, pues marca un aumento en la percepción de inseguridad con respecto a diciembre de 2023, que fue de 59.1 %.
Lo anterior significa que, dígase lo que se diga, la mayoría de la ciudadanía se siente cada vez más insegura en todo el país, especialmente, según la misma encuesta, en Fresnillo, Naucalpan, Zacatecas, Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad Obregón.
Según el Inegi, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez, Piedras Negras, Cuajimalpa, Mérida, Tampico y Los Cabos, con cifras que oscilan entre 11 y 25 por ciento.
Los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el transporte colectivo, las carreteras y los bancos son los espacios físicos específicos en los que la población se siente más vulnerable. En cambio, las escuelas y las casas se consideraron los lugares más seguros.
Pero, sin duda, el dato más revelador es que 74.6 % de los encuestados consideró que la situación de delincuencia e inseguridad no mejorará en los próximos 12 meses, mientras que sólo 25.4 por ciento asume con optimismo que la situación mejorará.
Lo anterior representa un cambio a la baja estadísticamente significativo de 1.9 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023, que registró 23.4 % de confianza en que mejorará.
Frente a los datos del Inegi, el desafío para quienes piden el voto debe empezar por reconocer el problema y abordarlo con soluciones profundas y bien fundamentadas, con una visión de largo plazo.
El pesimismo sobre seguridad pública debe ser visto como un catalizador para la acción constructiva y la mejora continua, sin tolerancia a la corrupción.
Para dejar de hacer lo mismo o regresar a lo que no funcionó, pretendiendo resultados diferentes. Para la transformación institucional con innovación tecnológica avanzada que mejore las operaciones policiales, ministeriales y judiciales, con respeto a los derechos humanos, pero sin temores.
Y todo ello, teniendo en cuenta que, por sobre todas las cosas, la seguridad pública es un principio constitucional cuya satisfacción a favor de las personas es el cometido primordial de todo Estado democrático, al ser un hecho evidente que el desarrollo de la personalidad sólo es posible en un ambiente de estabilidad que favorezca el ejercicio de los derechos y las libertades inherentes.