La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez, señaló que para poder crear una ley general contra el desplazamiento forzado interno, primero será necesario reformar la Constitución política del país.
“Necesitaríamos empezar con una propuesta de reforma constitucional que dote al Congreso de la facultad para expedir una ley general sobre este tema, que aplicaría en todas las entidades federativas”, expresó.
Recordó que en un ejercicio de parlamento abierto, la Cámara de Diputados realizó los días 6 y 13 de marzo diversas mesas de análisis sobre el desplazamiento forzado interno, en las que participaron representantes de organismos nacionales e internacionales, asociaciones civiles, víctimas, académicos y diputados locales y federales, entre otros.
En esas mesas, dijo, se planteó la necesidad urgente de legislar sobre este asunto, comenzando por tipificar el desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal, y continuar con la expedición de una ley general para combatir esta problemática y atender a las víctimas.
Derivado de este ejercicio, mencionó que el pasado 14 de marzo la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que tipifica como delito el desplazamiento interno en el Código Penal Federal, con penas de entre seis y 12 años de prisión y multas de entre 300 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Señaló que ahora el reto de los legisladores es construir una ley general sobre esta materia, pues “la intención es combatir el desplazamiento interno forzado, es decir, aquellos movimientos de personas que son obligadas a cambiar su lugar de residencia por amenazas o por el ejercicio de la violencia”.
“Lo que más se ve en este tema es que grupos criminales atentan contra asentamientos de grupos de personas que tienen su residencia en un determinado lugar y los obligan a irse, o puede ser también por otras causas, como cuestiones religiosas, discriminación, etcétera”, expuso.
La legisladora del PAN indicó que para empezar a construir el proyecto de ley se debe continuar con los ejercicios de parlamento abierto, a fin de lograr un producto consensuado que recoja la anuencia de todas las fuerzas parlamentarias.