Sin lugar a dudas hay que celebrar que las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República hayan aceptado firmar el próximo 22 de abril el “Pacto por la Primera Infancia”, que busca impulsar a este grupo de la población como una prioridad nacional y beneficiar a cerca de 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años de edad.
De acuerdo con las organizaciones promotoras, su objetivo es coadyuvar en el cumplimiento de las metas del pacto mediante el impulso de políticas públicas cocreadas y el diseño e implementación de planes de impacto colectivo.
El pacto plantea 12 metas, a saber, disminuir a 40 % la pobreza y a 9 % la pobreza extrema en la primera infancia; reducir a 8 % la desnutrición crónica y a 5 % la anemia, así como la prevalencia del sobrepeso y la obesidad; incrementar a 75 % la lactancia en la primera hora de vida, y a 50 % la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de seis meses; lograr que 90 % de niñas y niños de uno y dos años reciban todas las vacunas que les corresponden.
Así como aplicar el tamiz neonatal —al menos— al 90 % de los recién nacidos, brindar atención especializada a partir del diagnóstico e incrementar a 80 % la cobertura en educación y servicios de salud para niñas y niños con discapacidad; incrementar a 90 % las niñas y niños menores de cinco años con un adecuado desarrollo infantil temprano, y a 50 % la cobertura de evaluaciones de desarrollo anuales; lograr que el 20 % de niñas y niños menores de tres años reciban educación inicial; asegurar que el 85 % de las niñas y niños a partir de los tres años reciban educación preescolar de calidad.
Además, alcanzar al 30 % de las familias con niñas y niños menores de seis años con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible; lograr que el 90 % de niñas y niños estén inscritos en el Registro Civil antes de cumplir un año, y que a los cinco años todos se encuentren registrados.
Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de seis años; incrementar en 10 % la participación de madres y padres en actividades de juego con sus hijas e hijos menores de cinco años; así como incrementar la disponibilidad, el acceso y la calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia.
La firma de esta iniciativa es sumamente relevante frente a las condiciones de pobreza, rezago educativo, carencia de acceso a los servicios de salud, seguridad social, a una alimentación nutritiva y de calidad, y de vivienda, que padecen las niñas y los niños en nuestro país.
Hay que celebrar esta coincidencia, pero, sobre todo, hay que mantenerse atentas y atentos para que estos compromisos se hagan realidad.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, es absolutamente indispensable que el Estado mexicano, con la suma de esfuerzos de los actores políticos, la sociedad civil e instituciones educativas y empresariales, coloque en el centro de la política pública la garantía de los derechos de la infancia.