Se discute en el Senado de la República una propuesta para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diversos artículos y establecer el principio de paridad de género.
Esta discusión ocurre en el marco del mes de marzo, considerado como el mes de los derechos de las mujeres y tiene como antecedente los avances en materia de paridad que se han dado recientemente. Por un lado, tenemos el primer Congreso paritario de la historia de México. Pero por otro lado también, el Presidente de la República ha nombrado un gabinete paritario: mitad mujeres y mitad hombres como titulares de las secretarías de Estado.
En el segundo caso se trata de una decisión voluntaria que tiene que ver con una convicción igualitaria, pero en el primer caso es la consecuencia de las reformas ocurridas en los últimos años a la legislación electoral que obligaron a los partidos a tener paridad en sus candidaturas a los órganos legislativos.
La propuesta que se discute en el Senado de la República busca establecer la paridad, es decir igualdad de mujeres y de hombres, en todos los órganos del Estado; o sea en los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como en los órganos autónomos.
Con esta reforma, la paridad no sería optativa sino obligatoria, no dependería de la voluntad del gobernante, sino del imperio de la ley; no se aplicaría efímeramente, sino de manera permanente; no sería atributo de unos órganos sí pero de otros no, sino del conjunto de las instancias públicas de carácter colegiado.
Se trata de que los órganos legislativos federales pero también locales, los gabinetes de los gobiernos federal y estatales, los cabildos de las alcaldías y municipios, así como los diversos órganos autónomos que existan a nivel federal o local, sea atravesados por la igualdad entre mujeres y hombres. Es una reforma del siglo XXI.
De hecho, con su Congreso paritario México se ha colocado entre los cinco países con mayor número de mujeres en su Poder Legislativo, junto con países como Ruanda, Cuba, Bolivia y Granada. Ahora se trata de que la paridad llegue a todos los ámbitos. Hay conciencia de que este proceso debe ser gradual; es decir que debe aplicarse a partir de las siguientes administraciones, en el caso el Poder Ejecutivo, y de manera consecutiva y paulatina en el caso de la integración de los órganos judiciales. De concretarse esta reforma, México podría ser el primer país del mundo en tener paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado. El mes de marzo se antoja como el espacio ideal para realizar esta reforma profunda, estructural, a favor de la igualdad.
Con esta modificación podríamos hablar de un empoderamiento político concreto de las mujeres en el Estado. Cierto, no es la única reforma que hay que realizar, porque también tiene que haber reformas contra la criminalización de las mujeres, contra los feminicidios, a favor de la igualdad laboral y salarial, en el trabajo en el hogar, entre otros ámbitos a los cuales debe llegar también la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, empoderar a las mujeres políticamente será un camino presupuesto para conquistar la igualdad en las demás instancias.
La transformación de México pasa necesariamente por eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres. La paridad en los órganos del Estado es un acto de justicia que no se ha dado ni en los países más avanzados. Con ello, nuestro país marcaría una diferencia importante incluso a nivel global.