Hace unas semanas se dio la noticia de que la Ciudad de México podría llegar al “día cero” al quedarse sin agua. No es un tema de menor relevancia, pues se trata de un recurso fundamental y, por ende, un derecho constitucional; sin embargo, aunque el problema de la escasez de agua no es reciente, es de suma importancia atender y anteponerse a posibles conflictos sociales que surjan derivado de la falta de suministro.
Afortunadamente, ya se ha dicho que ese día cero no tiene fecha. Sin embargo, siguiendo el “Reporte Anual 2023” de la Conagua, se han observado incrementos de sequía, lo que los ha situado entre los 10 estados más calientes.
Hay que señalar que, por un lado, el problema de la falta de agua tiene que ver con la sequía, pero por otro, tiene que ver con la demanda del vital líquido, su gestión y su consumo sostenible.
He ahí que es prioritario llevar a cabo una coordinación interestatal para establecer estrategias de alcance regional a través de grupos de trabajo interinstitucionales, para atender los conflictos sociales que derivan de este problema, y que lleven a regular las penalidades en la materia y prever las pugnas que puedan suscitarse, porque para el crimen organizado cualquier espacio no atendido es susceptible de lucro.
En materia penal, el Estado de México ha regulado la tipificación y sanción para combatir las tomas clandestinas, el robo y la comercialización ilegal del agua, a lo que habría que sumar una penalización no solo para los autores materiales, sino también los intelectuales.
Como es de su conocimiento, la problemática que se vive en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, con la contaminación de pozos acuíferos, hace imperativo impulsar en el Legislativo una regulación para actuar ante estos hechos que atentan contra uno de los bienes más indispensables para la vida.
Basta revisar un artículo de investigación en la “Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas”, que en el 2018 concluyó en que tan solo en el Valle de México el negocio de distribución de agua mediante pipas es sumamente rentable.
En ese entonces se estimaba que el 97 % del agua de la región hidráulica del Alto Pánuco era extraído de pozos no regulados, lo que facilitó el desarrollo de un mercado del agua que abrió la puerta a la comercialización del líquido, que en su momento cubría la necesidad de abastecimiento de aquellas regiones no conectadas a la red hidráulica.
En la Ciudad de México, al ser la segunda entidad federativa con mayor población, es necesario regular el uso y la distribución del líquido, pues son una entidad en la cual, durante los últimos años, ha aumentado el tránsito y la estancia de personas en condición de migración, al serles económica la vivienda y los servicios más que en sus propios países; también es el centro laboral en el que diariamente se mueve la llamada población flotante de 1.5 millones de trabajadores.
Es decir, el problema del agua va más allá del cambio climático. El agua no puede ser para unos cuantos, es un derecho inalienable y sustancial. Por ello, hay que apostar por regular en materia penal y, al mismo tiempo, impulsar mecanismos de cuidado y de una justa distribución que garantice este derecho universal.