El 90 por ciento de empresas de aceite de palma en América Latina, es decir 24 de 26, reprobó estándares internacionales laborales y ambientales, destaca un informe elaborado por Forest Heroes.
De acuerdo con la organización mundial para proteger los bosques y el clima de la Tierra, así como a la fauna y las comunidades humanas que dependen de ellos, este sector productivo es uno de los mayores generadores de daño ambiental a nivel mundial.
En su reporte “El retraso de la industria del aceite de palma en América Latina”, señala que la industria de producción de aceite de palma se ha duplicado en la región de Latinoamérica desde 2001.
Refiere que 13 de 26 empresas cuentan con declaraciones de sustentabilidad; sin embargo, muchas de estas empresas carecen de componentes críticos que les permitan tener políticas empresariales de sustentabilidad viables.
“Recientemente este sector ha iniciado un incremento de la producción en Latinoamérica, y con ello se ha aumentado el potencial para dar lugar a conflictos sociales y destrucción ambiental”, menciona el documento dado a conocer por medio de un comunicado.
Agrega que de los 10 principales países productores de palma en la región, sólo Costa Rica no está catalogado como “altamente corrupto” por Transparencia Internacional, en tanto que más de un tercio de las empresas evaluadas se encuentra bajo investigación por abusos laborales, destrucción masiva del ambiente y conflictos sociales.
El informe sostiene que en Latinoamérica las empresas productoras de aceite de palma se encuentran bajo escrutinio público, debido a su accionar con relación a la falta de políticas responsables, de transparencia y mecanismos para la rendición de cuentas ocasionados en su mayoría por el contexto político de la región.
En ese sentido, precisa que en la zona se vive un ambiente de violencia contra los defensores de la tierra, se dificulta el acceso a la información para los grupos de interés y se mantiene una relación entre el sector gubernamental y los grandes productores.
“Ante los casos de abuso expuestos por la sociedad civil, las industrias disfrazan la solución con la creación de nuevas políticas que no son llevadas a la práctica”, apunta el estudio.