La escalada de violencia parece no tener freno, de enero a julio de este año, el homicidio doloso creció 17% comparado con el mismo periodo de 2017, y la incidencia de homicidios reportados por los medios de comunicación en lo que va del mes de agosto, permite pronosticar que la escalada de violencia va a continuar.
Difícilmente se puede afirmar que los operativos y acciones emprendidas por la autoridad federal y local estén dando como resultado un proceso de pacificación, la tendencia del homicidio sigue al alza sin que podamos vislumbrar mejoras en los próximos meses.
Un aspecto que se debe considerar si se busca revertir la tendencia de homicidios consiste en comprender la manera en que México, en la última década, dejó de ser un país de paso de la droga, a ser uno de los principales productores de drogas, y después a ser un país con un creciente número de usuarios de diferentes tipos de drogas.
Esto se confirma con los datos oficiales que muestran cómo en dos años el narcomenudeo creció de manera sostenida: si se comparan los periodos de enero a junio de 2016 contra 2017, el narcomenudeo creció 15.8% mientras que en los mismos periodos de 2017 contra el 2018 creció 35.9%.
Según han venido comentando los procuradores y fiscales de la zona centro y occidente, la mayoría de los casos de homicidio doloso, robo con violencia y robo a casa habitación son perpetrados por usuarios de drogas, particularmente metanfetaminas o personas involucradas en el narcomenudeo.
Lejos de querer criminalizar el consumo, en el Observatorio Nacional Ciudadano creemos que primero se debe conocer con mayor detalle la composición de las carpetas de investigación, es decir, ¿cuántas se inician por puntos de venta?, ¿cuántas por laboratorios?, ¿cuántas por vendedores individuales y cuántas más por individuos que no cuentan con antecedentes penales, que fueron detenidos por portación de drogas en un gramaje superior al permitido?
Sobre los puntos identificados como “tienditas” —puntos de venta de narcomenudeo— ¿su identificación ha permitido generar una mayor inteligencia para su combate? ¿Se ha desarticulado alguna red delictiva? ¿Se han identificado las rutas de droga y armas, los sistemas de lavado de dinero, la participación del grupo en otros delitos, las redes de corrupción? En otras palabras ¿combatimos los generadores de violencia o atacamos a los consumidores?
Indudablemente urge un cambio de estrategia respecto a cómo enfrentar el problema. En parte las propuestas del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, significan un cambio de ruta, la legalización de sustancias y la sustitución de cultivos pueden ser el inicio de un nuevo paradigma en la materia y que debe ser articulado de una manera más clara, atendiendo los retos y peligros que ambas propuestas incluyen —que hoy son esbozos de política pública un tanto ingenuos—.
Además, será necesario establecer una serie de políticas preventivas, de salud, de justicia terapéutica que eviten el aumento de consumidores, atiendan los efectos sociales y de salud y despresuricen el sistema de justicia.
La repetición de acciones, los operativos focalizados en ciertos municipios sin evidencia de inteligencia que sustente su definición; los descabezamientos de grupos de delincuencia organizada sin un desmantelamiento de la red criminal y de la red de corrupción que permite su protección; la criminalización del consumo de drogas; los altos porcentajes de impunidad; la incapacidad del Estado por fortalecer el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia; la relativización del problema de violencia, sin una adecuada rendición de cuentas, han sido determinantes para que el país, por segundo año consecutivo, rompa los récords históricos de violencia.
Urge un cambio de ruta, planeado, articulado, sustentado en información, transparente, donde participen los distintos actores gubernamentales y sociales para lograr la pacificación que nos han prometido en más de una década, sin un logro sustantivo.