No criminalizar a los migrantes, exigen

Al menos Ochenta y cuatro organizaciones, redes y colectivos de 23 estados de México rechazaron rotundamente el envío de más agentes de la Gendarmería Nacional a la Frontera Sur y exigieron que se cancele el plan y que no se criminalice a los migrantes.

“El aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local”, dijeron en un documento.

Agregaron que el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, “pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de los migrantes, refugiados y quienes les defienden, así como la población en general”.

El gobierno anunció el pasado 10 de abril el envío de más agentes de la Gendarmería Nacional a la Frontera Sur, en “un amplio marco de protección a los derechos humanos de los migrante centroamericanos”.

En respuesta, 84 organizaciones, redes y colectivos de 23 estados de México, agrupados en la Red Todos los Derechos para Todos, así como varias personas en lo individual, expresaron que “esta decisión muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana”.

Consideraron que esta acción “se realiza en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra Frontera Norte, con lo que estamos en desacuerdo, pero tal parece que esto es una réplica de lo que hace EU.

Señalaron que dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril, “se contrapone al mensaje emitido por el presidente Enrique Peña Nieto en respuesta a Donald Trump el pasado 5 de abril, en el cual hizo un llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión” del presidente de Estados Unidos.

“Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la Frontera Sur de México fortalece un modelo de seguridad contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014”, remarcaron.

Afirmaron que “a raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes”.

Manifestaron que la política de seguridad fallida que se ha aplicado actualmente “se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional, por encima de la protección de derechos humanos y de justicia”, por lo que demandaron “un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no sea subsuma a la seguridad nacional”.