En el marco del Día de la Libertad de Expresión en Chiapas, diversos personajes políticos conmemoraron la libre prensa. Entre ellos cuatro nuevos funcionarios del Ayuntamiento capitalino, quienes en los tiempos del Gobierno estatal encabezado por Pablo Salazar fueron acusados de agredir a periodistas, ciudadanía en general e incluso tener vínculos con la delincuencia organizada.
Se trata de Mauricio Gándara Gallardo, Carlos Gallegos Curiel, Mauricio León Moreno y Carlos Othoniel Vázquez Salazar, este último, sobrino directo del exgobernante Pablo Salazar, quienes fueron dados de alta en diversos cargos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, encabezado por Fernando Castellanos Calymayor.
Los hoy funcionarios municipales integraron el Gabinete estatal de Pablo Salazar, quien fuera detenido un 7 de junio -Día Nación de la Libertad de Expresión- en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Ministerial del estado de Chiapas, con colaboración con las autoridades de ese estado.
Después, el mismo día llegó a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en calidad de presentado, para que luego se hiciera el traslado al penal de El Amate, acusado de diversas irregularidades durante su período de gobierno de 2000 a 2006.
En su momento, sobre él pesaban seis demandas interpuestas por diversos grupos civiles de la Región Costa de Chiapas, por supuesto incumplimiento de la reconstrucción tras los efectos del huracán Stan en 2005.
La inseguridad de Curiel
Algunos de los cargos en que han sido designados son de particular importancia, pues -por ejemplo- estará a cargo de la seguridad de los capitalinos un exguardaespaldas acusado de agresión y coparticipación de violencia contra la propia ciudadanía, acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, cobrar cuotas a subordinados y alguna vez herido de bala presuntamente por sus nexos delictivos.
Carlos Gallegos Curiel, hoy nombrado jefe del Estado Mayor de la Secretaria de Seguridad y Tránsito Municipal en Tuxtla Gutierrez, es un teniente coronel retirado. En Chiapas acompañó a Pablo Salazar desde precandidato a la gobernatura y en los primeros años cuando el originario de Soyaló gobernaba el estado, fue dado de alta como director de Tránsito Estatal.
Desde su posición coaccionaba con Mauricio Gándara Gallardo, secretario de Seguridad Publica Estatal, en la ejecución de “trabajos” encargados por el gobernador en turno.
Se recuerdan desalojos contra grupos indigenas, “siembra” de pruebas contra ciudadanos, represión a estudiantes y comunicadores.
Cuando culminó el gobierno de Pablo Salazar se quedó sin trabajo y migró -recomendado por Salazar- a Veracruz, donde se insertó en la administración pública como titular del Mando Único Policial en la zona Córdoba-Fortín, donde las acusaciones se acumularon.
Según denuncias de políticos locales, sociedad, autoridades y relatos en los medios de comunicación, Curiel encabezaba una red de policías extordionadores que vinculados con la delincuencia organizada cobraban derecho de piso, asaltaban y agredían a los ciudadanos.
En algún momento fue ingresado al IMSS por una lesión de bala que, según él dijo, era producto de un accidente con su propia arma, pero extraoficialmente se dijo había sido lesionado por la delincuencia organizada como producto del incumplimiento de acuerdos.
El 7 de marzo de 2012, el expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Coatzacoalcos, Anselmo Secundino Diego, pidió la renuncia de Carlos Gallegos Curiel, coordinador de la Policía Intermunicipal. Lo acusó de pedir cuotas a sus elementos, situación que propiciaba que los uniformados perpetraran asaltos a la ciudadanía.
El 15 de mayo del 2013, el teniente coronel Carlos Gallegos Curiel fue internado de urgencia en el Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a causa de una herida de bala. Minutos después fue destituido de su cargo.
Gándara Gayardo
Por otro lado, Mauricio Gándara Gallardo, nombrado por Fernando Castellanos como su jefe de Asesores, durante el tiempo de Salazar Mendiguchía habría coparticipado en la estructuración de la llamada “Ley Mordaza” que mediante reformas al Código Penal estatal implementaba penas y sanciones para delitos de difamación de 3 a 9 años de prisión y multas de cien a mil salarios mínimos contra periodistas.
Gándara Gallardo ha sido director Jurídico de Instituciones financieras. Secretario de Seguridad Pública en el estado de Chiapas. Delegado federal. Catedrático y litigante. Autor de la novela “El encantador de serpientes” y creador de la marca “Chocolate Don Nando”.Además, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas encabezó sendos operativos con desalojo e imposición de políticas públicas por la fuerza, desacatando recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
En la administración de Salazar oficialmente renunció para contender por una diputación por el Distrito XII de Chiapas, por el Partido Acción Nacional (PAN), aunque después confesó en entrevista para Cuarto Poder en 2013, que renunció “porque ya no soportaba las atrocidades de su jefe”.
Mauricio Moreno
En el caso de Mauricio León Moreno, con Pablo Salazar fungía como encargado de giras, cargo que Fernando Castellanos le ha repetido en el Ayuntamiento capitalino. Se trata quizás del funcionario de menores antecedentes públicos, sin embargo sobre él -en años pasados- se giró una arden de aprehensión por sus presunta responsabilidad en diversos delitos.
Después de que el agente del Ministerio Público, Fidel Samaí Godínez Cruz, consignara la averiguación previa FAR/044/2011-04, el juez emitió orden de detención en su contra, sin embargo logró evadir la acción de la Justicia hasta que dejaron de buscarlo.
Carlos Vázquez Salazar
En el caso de Carlos Othoniel Vázquez Salazar, quien fue nombrado por Fernando Castellanos como director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, es sobrino del exgobernador Salazar y era el encargado de traer a Chiapas eventos artísticos, donde se sabe firmó convenios con una televisora nacional que le entregó un contrato de exclusividad por un par de señoritas cantantes que tiempos después se hicieron amigas personales del exgobernante.
Fue acusado de bloquear a otros empresarios en la entidad, además fue acusado (sin probársele) de presunto desvío de recursos y lavado de dinero.
En medio de rumores por excesos, Salazar fue investigado por la desaparición de un joven que posteriormente fue hallado sin vida, quien habría sido apaleado hasta la muerte. En la línea de investigación, el sobrino del exgobernador fue el último en hablar con el occiso.
Poco tiempo después la Policía de Chiapas dejó de investigar Carlos Othoniel Vázquez Salazar y cerraron el caso sin establecer el responsable.
Delitos
Pablo Salazar habría incurrido en el desvío de más de mil de los once mil millones de pesos que costó la etapa de reconstrucción en más de 40 municipios de la entidad, aunque se le detuvo por el delito de peculado por 104 millones de pesos, además de abuso de autoridad y asociación delictuosa.
En aquel entonces, el procurador de Justicia Raciel López Salazar, dijo que la detención se hizo en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el juez tercero penal, según la causa 96/2011, derivado de las investigaciones iniciadas en febrero de 2009.
Gabinete investigado
Del gabinete de Pablo Salazar Mendiguchía fueron detenidos Mariano Herrán Salvatti, quien fuera fiscal de Justicia, la directora del Instituto de la Vivienda, Socorro Domínguez, el expresidente municipale de Bellavista, los exsíndicos de los municipios de Mapastepec y de Mazapa de Madero, ademas de algunos personajes que por diversos motivos fueron detenidos o investigados. Entre ellos Mauricio Gándara Gallardo, Carlos Gallegos Curiel, Mauricio León Moreno y Carlos Othoniel Vázquez Salazar, éste último sobrino directo del exgobernante Pablo Salazar; cuatro integrantes de la plantilla de gobierno municipal.
Publicaciones del 2002Violaciones a derechos humanos
“Sí hay pruebas de que la policía torturó a campesinos de la comunidad Zamora Pico de Oro, San José Marqués de Comillas”, reiteró en su momento el ombudsman chiapaneco, Pedro Raúl López Hernández, luego de enterarse que instancias del Gobierno rechazaron la recomendación que él les envió hace poco sobre el caso, bajo el argumento de que los señalamientos del órgano defensor son infundados.
El procurador Mariano Herrán Salvatti, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González y el secretario de Seguridad, Mauricio Gándara Gallardo, dijeron que rechazaban la recomendación por carecer de pruebas y fundamentos, y argumentaron que los agentes de seguridad no violaron las garantías individuales de los campesinos de Zamora Pico de Oro.
Los funcionarios del Gobierno pablista dejaron en claro que no van a investigar a los agentes, según porque actuaron en el marco de la ley, y tampoco crearán la Comisión Interinstitucional.
El ombudsman dijo que las pruebas de tortura sí existen, y que la recomendación se emitió luego de que se hicieron análisis e investigaciones necesarias. Además, precisó que le preocupa que no se integre la Comisión Interinstitucional, porque quedarán en el olvido los daños físicos y psicológicos.
Rechazo a recomendación de la cedh
El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía rechazó tajantemente una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por presuntas violaciones en un operativo realizado en el municipio de Marqués de Comillas en el que presuntamente llevaron a cabo actos de tortura.
En una rueda de prensa conjunta, el procurador de Justicia, Mariano Herrán Salvati, el secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Gándara, y el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, informaron que el gobierno chiapaneco no acepta las recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que, según ellos, carecen de un sustento legal.