La ley de paridad electoral, que obliga a presentar 50 por ciento de candidaturas de mujeres para los congresos en México, es uno de los mayores logros de las políticas de equidad de género del actual gobierno, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En el marco de su participación en la sesión 63 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujeres (CSW), en la sede de la ONU, la presidenta de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, expresó que debido a ese cambio constitucional México se acerca a lograr la paridad de género en el Congreso.

“Uno de los más grandes logros de la administración fue la iniciativa de paridad electoral, que se trabajó en Inmujeres por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, que a su vez la presentó como una iniciativa preferente”, declaró.

En entrevista, la funcionaria subrayó que a la iniciativa federal se fueron sumando tanto los congresos locales como las presidencias municipales, como parte de un esfuerzo del Poder Ejecutivo por impulsar la igualdad de género como parte integral de las políticas públicas.

Promulgada a principios de 2014, la ley de paridad elevó a rango constitucional la obligación tanto de la Cámara de Diputados, del Senado y de los Congresos estatales de presentar al menos la mitad de las candidaturas de mujeres.

De acuerdo con ONU-Mujeres, esta iniciativa en México sería una pieza clave para “eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad”, así como para multiplicar el poder femenino en los partidos políticos mexicanos.

Cuando se promulgó la ley, había 37 por ciento de diputadas en la Cámara Baja y 33 por ciento de legisladores en el Senado. Ahora, de los 500 diputados que integran la Cámara baja de México 213 son mujeres (42.6 por ciento), en tanto que de 128 senadores hay 47 mujeres (36.7 por ciento).

Así, México avanzó del octavo al sexto lugar en el mundo en equidad de género parlamentaria, lo que significa que el país se encuentra cerca de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres legisladores, de acuerdo con un informe emitido esta semana por la Unión Interparlamentaria (UIP).

Pese a los avances, Cruz Sánchez señaló que en el caso de las presidencias municipales, la equidad de género sigue siendo un pendiente para México. De cada 100 presidencias municipales, apenas 13 son encabezadas actualmente por mujeres.

Asimismo, Cruz Sánchez reconoció que para fortalecer la igualdad política en el país se requiere también tipificar el delito de violencia política contra las mujeres.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de enero a noviembre de 2017 se registraron en México 34 casos de violencia política contra las mujeres, frente a tres casos en 2012.

“Algo a lo que nos estamos enfrentando y que francamente no habíamos imaginado que se pudiera incrementar de esta manera es el tema de la violencia política. Hay mujeres que han sido agredidas, asesinadas y violadas solo por su interés de participar en la decisiones de su país”, explicó.

Cruz Sánchez aseveró que esta violencia inhibe en gran medida que exista una mayor participación de las mujeres en competencias políticas, por lo que han impulsado iniciativas en el Congreso para tipificar este delito de género.

“Tenemos que exigir que se castigue a los agresores de mujeres con intenciones políticas. Es importantísimo ese reto que tenemos aún pendiente”, finalizó.