Este primero de febrero inicia el último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura del Poder Legislativo, arrastrando una gran cantidad de pendientes que la mayoría priísta y sus aliados no han querido que sean atendidos, como son: las medidas para incrementar el salario mínimo y con ello iniciar un proceso de recuperación de los ingresos de la mayoría de las y los mexicanos; los nombramientos del fiscal general de la República, el fiscal anticorrupción y los magistrados de los tribunales para juzgar actos de corrupción; el nombramiento del auditor superior de la Federación; y decisiones en materia de seguridad pública diferentes a la inconstitucional Ley de Seguridad Interior.
Estos asuntos afectan directamente la convivencia cotidiana de nuestra sociedad, sin dejar de reconocer la urgencia de legislar en materia de Gobiernos de Coalición, y en propaganda gubernamental para limitar y reducir el gasto en publicidad, ambas de especial relevancia en el proceso electoral en curso para establecer reglas que normen el desarrollo de contiendas civilizadas y equitativas, y se evite el uso indebido de recursos públicos.
No pocas personas advierten sobre el riesgo de que estos grandes asuntos no sean abordados y decididos en los días previos al inicio formal de las campañas electorales.
Es muy difícil modificar esta inercia perniciosa cuando —ya en los hechos— iniciaron las campañas electorales disfrazadas de precampañas y que, además, impregnadas de preocupantes ímpetus de confrontación, descalificaciones y violencia verbal, que muy probablemente irán creciendo, a menos que se impongan la sensatez y la madurez hasta hoy ausentes de nuestra cultura política puesto que hemos heredado los peores vicios de la cultura autoritaria en nuestro país, sin un debate democrático, propio de sociedades más participativas y de instituciones y organizaciones democráticas.
Y lo más probable es que ese escenario se profundice a partir de las elecciones de este 2018. Por eso urge superar esta disfuncionalidad y legislar sobre gobiernos de coalición con el objetivo de entrar en un proceso de democratización del poder público, con contrapesos institucionales y sociales para reorientar la vida económica, social y política de México.
En medio de este proceso electoral es necesario abrir el camino a la cultura del debate democrático, para que los candidatos puedan mostrar sus verdaderas ofertas y los electores decidir informadamente por cuál opción votar.
Debe terminarse con la lluvia de spots que poco dicen a la población y, en cambio, que haya múltiples debates que dejen claro lo que significaría la continuidad del PRI en la Presidencia y la pretensión de Morena de un presidencialismo todavía más unipersonal; y en la contraparte, la propuesta de un cambio de régimen con la consecuente democratización del poder público.
De este tamaño son las tareas pendientes para este periodo legislativo.