La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que su arquitectura institucional –normas internas, procesos, organización, capital humano, entre otros— no es la idónea para soportar los procesos que exige el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

Esto de acuerdo con el diagnóstico “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, que presentó el titular de la PGR, Raúl Cervantes al Senado de la República.

En el documento, Cervantes advirtió que es indispensable diseñar una arquitectura institucional para atender los principios que sostienen el modelo constitucional de justicia penal, a través de las mejores prácticas y estándares internacionales.

Se identifican como los dos desafíos principales: el fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación; y el mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrecen las normas nacionales procesales de orden penal.

Se expone que las deficiencias institucionales se deben al poco esfuerzo destinado a la capacitación y especialización de los agentes ministeriales, policiales y periciales.

Así como a las condiciones laborales poco competitivas que no reflejan la responsabilidad que recae en su función y a un complicado y volátil servicio de carrera.

“Una de las causas de saturación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio puede encontrarse en las escasas habilidades de los agentes del Ministerio Público supervisores, para identificar los casos que pueden terminarse o concluirse mediante formas alternas a un juicio oral, por lo que a la fecha se sigue privilegiando la judicialización”.

“Lo que cual puede explicarse, por la tendencia a continuar atendiendo a los asuntos que llegan a la Procuraduría General de la República, de la misma forma en que se realizaba en el sistema tradicional inquisitivo”.