El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que la intervención que solicita del autogobierno de Cataluña (noreste de España) incluye el cese de su presidente, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros.
En rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para solicitar al Senado de España la aplicación del artículo 155 Constitucional, expuso que uno de los objetivos de esta intervención es realizar nuevas elecciones en esa comunidad.
Rajoy precisó que será la cámara la que aprobará en próximos días estas medidas, que incluyen un recorte de las capacidades del Parlamento catalán y su posterior disolución para la convocatoria de elecciones.
Las medidas que se solicitan al Senado y podrían ser aprobadas el próximo viernes se dan debido al avance del proyecto de independencia del gobierno catalán, en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional de España, las leyes y la justicia del país.
Control del Estado español
La intervención del gobierno autónomo de Cataluña, en el noreste de España, permitirá que el Estado español controle las finanzas, la policía y los medios de comunicación públicos de esa comunidad.
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del gobierno español pide al Senado se aprueben medidas de intervención, al considerar que las autoridades de Cataluña, al impulsar la independencia, actúan con “desobediencia rebelde, sistemática y consciente”.
La aplicación del artículo 155 constitucional permite al gobierno español una intervención en caso de que un gobierno autonómico desobedezca lo que mandata la Constitución, o actúe en detrimento del interés general de España.
En este caso, el gobierno considera que en su afán de impulsar la secesión, “los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta la democracia española, ni el interés general al que responden las leyes”.
Acusarían a Puigdemont de rebelión
Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado español prepara una querella por presunto delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, si hace efectiva la declaración de independencia catalana.
Las penas por rebelión establecen hasta 30 años de prisión conforme al Código Penal de España por alzarse “violenta y públicamente para”, entre otras cosas “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, así como “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
La presentación de la querellas podría darse en función de si Puigdemont, como advirtió en una carta reciente al presidente español Mariano Rajoy, lleva a votación del Parlamento de Cataluña la declaración de independencia.