Con más de 30 millones de sufragios, el presidente electo no sólo se erige como el candidato ganador con el mayor número de votos a su favor en la historia de México, sino también como el mandatario que deberá preservar la confianza de esa mayoría y de conservar —al mismo tiempo— su legitimidad, al gobernar en beneficio de todos.
En la expresión del propio triunfador, el arranque de su encargo supondrá la “Cuarta Transformación”; es decir, un nuevo régimen junto con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Por tanto, en él subyace la idea de realizar un profundo cambio, para lo cual contará con la mayoría simple en el Congreso de la Unión.
En este contexto, al comenzar la nueva administración federal, el país se encontrará en posición inmejorable para llevar a cabo las adecuaciones y reformas estructurales que demanda la población, en áreas tan sensibles como el desarrollo económico, el combate a la corrupción y la disminución y el control de la violencia.
No obstante, la primera inquietud que surge es sobre la estrategia que el Ejecutivo entrante seguirá con relación a la llamada “narcopolítica”, ya que, al menos durante el proceso electoral, casi un centenar y medio de personas fueron asesinadas por motivaciones políticas, un tercio de ellas como candidatos y precandidatos.
A esto se sumaron más de medio millar de agresiones físicas y con arma de fuego, a personas que participaron en el proceso electoral o a sus familiares; situación alarmante que refleja la intención del crimen organizado de controlar la vida nacional, ya que esos datos son la punta del iceberg.
En este sentido, deberá recordarse el inusitado aumento delincuencial que supuso transformar regímenes extranjeros, como en Rusia, con posterioridad al fracaso de la Perestroika; en Venezuela, luego de la implantación de la Revolución Bolivariana; y en China, luego de la última Revolución Cultural contra la burocracia.
Lamentablemente, todas esas evoluciones sociales generaron la oportunidad para que la delincuencia organizada creciera y se diversificara, sobre todo por la carencia de una auténtica política criminal integral, circunstancia que se tradujo en su posicionamiento y enquistamiento en el ámbito público, especialmente a nivel local.
Por esa razón, el próximo gobierno federal deberá estar consciente que la eventual legalización de la marihuana y de la amapola o la inminente reestructuración de los cuerpos policiales, no serán las soluciones articuladas y eficaces que vendrán a contrarrestar la violencia que genera el crimen.
Para lograr su objetivo criminal, esa delincuencia globalizada en realidad cuenta con sofisticadas estructuras y cadenas de mando y muchos recursos financieros y técnicos, situación que requerirá en todo caso de una respuesta proporcional, la que únicamente se logrará mediante un nuevo pacto entre gobierno y sociedad civil.
Si bien el crimen organizado es el primordial factor que incide en la inseguridad y la violencia actuales, también deberá tenerse presente, como lo demostró el proceso electoral, que se trata de cuestiones totalmente diferenciadas, cuyas soluciones, si bien se trastocan, en todo caso exigen de normas, políticas y acciones singulares.
Si no se actúa con prontitud y resolución, la ausencia de medidas de prevención y de seguridad adecuadas y suficientes, de investigaciones cuyo fundamento sea la inteligencia policial y de acusaciones ministeriales que sean soportadas ante el juez de control con pruebas científicas, se traducirán en esos casos, en espacios estatales cedidos, los que serán aprovechados por la delincuencia organizada.
Averiguar cómo y cuándo el crimen organizado reclamará cuotas de poder en el quehacer público, deberá ser la tarea inicial de la nueva administración, al menos si piensa impedir que aquél busque designar a los jefes policiales, controlar las vías de comunicación, manipular las licitaciones públicas y decidir el destino y el ejercicio del gasto público.
En suma, ninguna transformación nacional podrá tener lugar, si a la misma no le precede una verdadera “reingeniería institucional”, que obligue a los gobiernos federal, locales y municipales, a involucrarse de forma corresponsable para luchar en contra de un fenómeno criminal global que, de forma artera, a “plata o plomo”, intenta controlar nuestra vida común, a costa del bienestar y tranquilidad.