La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, propuso endurecer las sanciones a quienes construyan sin la autorización debida, con penas de dos a 10 años de prisión y multas de 300 a tres mil días.
Herrera Anzaldo aseguró que la ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, matan, y si eso ocurre al ignorarse el reglamento de construcción en la capital del país, qué nos esperamos en estados como Oaxaca, Chiapas o cualquier otra de nuestras entidades.
“Es una realidad que permea a los tres ámbitos de gobierno y que no distingue ideologías”, expresó.
Hizo un llamado al pleno camaral a materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo.
Asimismo, planteó inhabilitar del cargo, hasta por cinco años, al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice construcciones o asentamientos irregulares.
Presentó una iniciativa para adicionar un artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, a fin de armonizarlo con la Ley General de Protección Civil que en su Artículo 84 considera delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin un análisis de riesgos.