Con fecha 5 de agosto de 2011, la relatora especial sobre la Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas (en aquel entonces era Raquel Rolnik) elaboró un Informe Especial que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativo a la realización del derecho a una vivienda adecuada en situaciones posteriores a un desastre natural. Se trata de un documento que, a cuatro meses del sismo del 19-S, adquiere una especial relevancia por los estándares que el mismo prevé y que permiten hacer comparaciones con la situación actual que atraviesan miles de damnificados en el país y las acciones gubernamentales que (no) han sido instrumentadas.
Un primer aspecto relevante planteado por la relatora es la obligación que tienen los Estados de tomar en consideración múltiples instrumentos del derecho internacional con base en los cuales se deben atender las situaciones post desastre. La relatora nos recuerda que los desastres no ocurren en el vacío, y por lo tanto los derechos de los damnificados no se reducen a recuperar la unidad “casa”, sino que tienen derecho a regresar al lugar en el que habitaban, y que el Estado realice las acciones necesarias para garantizar el “derecho a la restitución” del entorno.
La relatora también alerta sobre los riesgos que surgen en periodos post-desastre. Sobre todo, pone el acento en los grandes intereses que pueden esconderse detrás de los proyectos de reconstrucción. En casos documentados como los del tsunami del Océano Índico del 2004, el del huracán Katrina en Nuevo Orleans o el del terremoto de Chile de 2010, los urbanizadores se aprovecharon de la tragedia para apoderarse de predios y espacios clave en los que construyeron edificios y complejos turísticos de lujo, desplazando a los pobladores originarios.
Preocupa que la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, instrumento jurídico clave para enfrentar los daños provocados por el 19-S, no haya incorporado esta mirada potente y transformadora de los derechos humanos y, en cambio, haya posicionado como instrumentos prioritarios el de los créditos y la redensificación, ambos instrumentos de mercado que con mucha probabilidad habrán de dejar a las personas más desfavorecidas en situación de mayor vulnerabilidad.
A la tragedia natural podría sumarse una nueva tragedia social.