El gobierno federal no puede reconocer, afirmar o suponer que hay una crisis nacional en materia de seguridad y derechos humanos, aunque sí haya problemas y “retos formidables” hacia adelante, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
En respuesta a la primera ronda de preguntas formuladas por los senadores en su comparecencia como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, donde legisladores de todos los partidos le plantearon los problemas en materia de seguridad, el funcionario fue claro.
“Suponer que México está en crisis, es menospreciar los esfuerzos de miles de mexicanos, de cientos de organizaciones, de un sistema que ha costado muchos lustros consolidar” en el combate a la inseguridad, afirmó, luego de que los legisladores de todos los partidos le plantearon el problema de las desapariciones forzadas y violaciones a derechos.
Al respecto, recordó que prevalecen problemas como las desapariciones, los asesinatos y la impunidad en casos como el de los normalistas de Iguala.
En el mismo tenor, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que el informe 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habla de problemas graves en esa materia, además de la violación al derecho de la libertad de expresión.
En respuesta conjunta a estos y otros planteamientos, Navarrete Prida reconoció que preocupan al gobierno la impunidad y los ataques a la libertad de expresión, aunque en este último tema detalló que de 2012 a la fecha, 900 personas se han acogido al Mecanismo de Defensa para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Caso Duarte
Respecto al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el funcionario federal aseguró que de las 15 órdenes de aprehensión que hay en su contra, al menos 12 se refieren a delitos considerados no graves y por eso no ha sido enviado a México.
Por lo que toca al sistema de justicia y a la acción de las policías para combatir la inseguridad pública, el secretario de Gobernación recordó que hay indefinición en la materia que se arrastra desde hace varias décadas, sobre cuál es el modelo policial que se debe aplicar en los ámbitos locales.