Alcaldes chiapanecos reelectos, que adeuden la Cuenta Pública de los ayuntamientos municipales, podrían ser los primeros funcionarios en México en ser procesados a la luz de la eventual aprobación de la Reforma que elimina el fuero desde el Senado de la República; tienen hasta el 30 de abril para entregar la Cuenta 2017.
Así lo explicó la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado de Chiapas, Patricia del Carmen Conde Ruiz, al señalar que pese a que el IEPC no obligó a los alcaldes a entregar la Cuenta Pública antes de buscar la reelección, el Congreso del estado dará trámite jurídico a la demanda de transparencia de los recursos públicos.
Dijo que al momento, solamente 31 ayuntamientos han cumplido con la entrega, por lo que más de 90 alcaldes, el 75 por ciento aún no cumple con la Ley.
Así mismo, ante la eventual aprobación de la reforma que cancela la inmunidad procesal del presidente de la República, así como de secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores, ministros y magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales; el Congreso de Chiapas no dudará en dar trámite jurídico para que las instancias pertinentes llamen a cuentas o procesen en su caso a los alcaldes que no entreguen la cuenta Pública 2017.
Recordó la resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que calificó como no exigible contar con la liberación de la Cuenta Pública como requisito para que los presidentes municipales pudieran reelegirse.
Sin embargo, lo anterior no implica que no entregarán sus cuentas o serán exonerados de cualquier acción legal, al contrario, los presidentes que presentaron licencia para separarse del cargo, deberán ser los primeros en ser auditados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Finalmente dijo, que una vez aprobada la reforma para eliminar el fuero, deberá ser también aprobado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales, y en el caso de Chiapas confió en que el proyecto sea aprobado para transparentar la administración de recursos públicos.