Renta de “permisos piratas” generan 20 MDP al mes

Hasta 110 mil pesos al mes generan por renta 10 “permisos piratas” para unidades de transporte colectivo de la ruta 68 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que en toda la capital el ilícito estaría generando ingresos por 20 millones de pesos, en un acuerdo entre la Secretaría de Transportes y presidentes de cooperativas del transporte público en Chiapas.

En la ruta 68, que va del centro de Tuxtla Gutiérrez a la colonia Ruiz Ferro, la cooperativa encabezada por Javier León presuntamente habría dado de alta 10 unidades que circulan con placas particulares y un “permiso especial” de la Secretaría de Transportes.

Los “permisos” son rentados a particulares por once mil pesos al mes, generando un ingreso de 110 mil pesos que, según habría asegurado el presidente de la cooperativa, Javier León, presuntamente se reparte en la Secretaría de Transporte y con el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del estado de Chiapas, Guillermo Asseburg Archila, quien supuestamente encabezó las negociaciones.

Así lo denunciaron los propios choferes y propietarios de concesiones, quienes, en voz de Rubén Martínez, exigen a la Coordinación de Transporte Estatal realizar una revisión y dar de baja a estas unidades que compiten de manera desleal en la ruta.

Explicaron que las unidades piratas no cuentan con seguros de usuario, por lo que, en caso de algún accidente, los pasajeros no tienen ninguna protección jurídica o médica.

Detallaron que el presidente de la ruta, Javier León, prometió repartir el dinero, pero no ha ocurrido; además, los colectiveros nunca han estado de acuerdo, pues les ha bajado el número de pasajeros hasta un 30 por ciento.

Lo que los trabajadores del volante quieren es una revisión del sector y, si habrá extensión, que se tome en cuenta a los trabajadores con más de 20 años de servicio y no a los “pulpos” del sector.

El magistrado que habría operado los permisos, dijeron, tiene dos unidades a su cargo en la ruta.

Además de ello, estas irregularidades se están replicando, incluso en otras rutas, por lo que los ingresos generales podrían superar los 20 millones de pesos por concepto de la renta de estos permisos “piratas”.